El Gobierno de Venezuela y representantes de la oposición agrupada en la Asamblea Nacional elegida en 2015 concluyeron el tercer ciclo de negociaciones para la estabilización y democratización del país, con acuerdos que contemplan la revisión de las inhabilitaciones políticas, reformas legales para fortalecer el pluralismo y la creación de una comisión conjunta destinada a recuperar las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.
Las conversaciones, desarrolladas durante seis jornadas en Caracas, fueron encabezadas por Jorge Rodríguez, representante del Gobierno, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora.
El entendimiento constituye un nuevo avance en el proceso de diálogo político impulsado tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 y la instalación de un Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
No obstante, los compromisos anunciados todavía deben traducirse en modificaciones legales, decisiones institucionales y garantías efectivas para la participación de las distintas fuerzas políticas.
Revisión de inhabilitaciones y garantías electorales
Uno de los principales acuerdos contempla iniciar una revisión profunda de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, particularmente de las disposiciones utilizadas para imponer inhabilitaciones administrativas a dirigentes políticos.
Este mecanismo ha sido uno de los asuntos más controvertidos de la política venezolana, debido a su utilización para impedir que figuras opositoras participen en elecciones.
Entre los antecedentes más relevantes figura el caso de María Corina Machado, quien ganó las primarias opositoras de octubre de 2023, pero quedó impedida de competir en las elecciones presidenciales de julio de 2024 debido a una inhabilitación ratificada por las autoridades venezolanas.
Aquella decisión profundizó las tensiones políticas y generó cuestionamientos internacionales sobre las condiciones de competencia electoral.
El nuevo acuerdo también considera revisar la Ley de Partidos Políticos, con el propósito declarado de fortalecer el pluralismo y garantizar condiciones de participación para las distintas organizaciones.
Asimismo, las delegaciones abordaron la legislación relacionada con el terrorismo, una materia especialmente sensible debido a las denuncias sobre el uso de figuras penales contra opositores y manifestantes.
Otro compromiso consiste en iniciar el debate para crear una Defensoría de Garantías Políticas y Participación Ciudadana, organismo que tendría como objetivo proteger el ejercicio de los derechos políticos.
La instancia podría establecerse mediante una nueva legislación o funcionar inicialmente como un mecanismo vinculado a la mesa de negociación.
Oro venezolano en Londres: una disputa de miles de millones de dólares
En el ámbito económico, Gobierno y oposición acordaron constituir una comisión paritaria para gestionar ante las autoridades británicas la recuperación de las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra.
La delegación estará integrada por seis representantes: tres del Gobierno interino y tres de la Asamblea Nacional de 2015.
La controversia sobre estos activos se remonta a la crisis de reconocimiento internacional del Gobierno venezolano, cuando las autoridades británicas dejaron de reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo y respaldaron a Juan Guaidó.
Desde entonces, el acceso a las reservas ha estado sujeto a una prolongada disputa judicial y política.
Históricamente, el litigio ha involucrado alrededor de 31 toneladas de oro. Su valor depende de la cantidad efectivamente depositada y de la cotización internacional del metal, por lo que no existe una cifra actual verificable que pueda atribuirse automáticamente a los activos recuperables.
Dinorah Figuera sostuvo que las reservas han aumentado considerablemente su valor desde el inicio de la controversia y destacó el papel desempeñado por la Asamblea Nacional de 2015 en su resguardo.
Según el entendimiento anunciado, los recursos recuperados se destinarían a atender las necesidades de las comunidades afectadas por los dos terremotos registrados en junio de 2026 en La Guaira y zonas próximas a Caracas, además de contribuir a la recuperación de servicios públicos.
La eventual utilización de estos fondos requerirá resolver previamente los obstáculos jurídicos y establecer mecanismos de administración y fiscalización que garanticen su destino.
Elecciones presidenciales siguen sin fecha
Pese a los avances, las conversaciones no permitieron establecer un calendario definitivo para las próximas elecciones presidenciales.
Dinorah Figuera explicó que corresponde exclusivamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) determinar la fecha de los comicios, aunque reiteró que existe voluntad política para recuperar la normalidad electoral una vez concluido el proceso de reinstitucionalización.
La dirigente respondió así a las versiones que sitúan una eventual elección presidencial durante 2027 o incluso a comienzos de 2028.
A su juicio, las declaraciones que anticipan fechas sin respaldo institucional generan incertidumbre y dificultan los esfuerzos de negociación.
El calendario constituye uno de los principales desafíos de la transición venezolana, especialmente después de las controversias que rodearon las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Aquellos comicios estuvieron marcados por la disputa entre Nicolás Maduro y el candidato opositor Edmundo González Urrutia, así como por los cuestionamientos a la transparencia del escrutinio y la publicación de los resultados.
La definición de nuevas elecciones, las garantías de competencia y el funcionamiento independiente de las instituciones electorales aparecen como condiciones fundamentales para una salida política duradera.
Reforma judicial y revisión de leyes restrictivas
El tercer ciclo de negociaciones también permitió avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una de las instituciones más cuestionadas por la oposición venezolana.
Jorge Rodríguez anunció que este jueves 22 de octubre está prevista la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales, con la incorporación de 12 representantes de la sociedad civil.
Este organismo tendrá la responsabilidad de participar en el proceso de selección de nuevos magistrados, como parte de los compromisos alcanzados en las rondas anteriores.
Además de las normas sobre inhabilitaciones, las delegaciones acordaron revisar la denominada Ley Simón Bolívar, aprobada en 2024, que establece penas de entre 25 y 30 años de prisión y contempla inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para determinadas conductas relacionadas con la promoción de sanciones internacionales.
También se examinarán las disposiciones sobre reuniones públicas y manifestaciones, así como la definición del delito de terrorismo en la legislación venezolana.
Las reformas podrían tener consecuencias directas sobre las condiciones de participación política y el ejercicio de libertades civiles. Sin embargo, hasta ahora se trata de compromisos de revisión y no de modificaciones legales aprobadas.
Otro de los asuntos abordados durante el cierre de las conversaciones fue el control de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras venezolanas.
Jorge Rodríguez rechazó las versiones que apuntan a que Estados Unidos administra directamente los recursos obtenidos por la comercialización de crudo.
El dirigente aseguró que Venezuela mantiene el control de los ingresos derivados de sus ventas internacionales de petróleo y defendió los acuerdos energéticos alcanzados recientemente con Washington.
Según Rodríguez, estos entendimientos permitirán incrementar los recursos disponibles para atender las necesidades económicas y sociales del país.
El petróleo continúa siendo un componente fundamental de la economía venezolana y uno de los principales factores de interés estratégico para Estados Unidos.
La relación energética entre ambos países ha experimentado cambios desde enero de 2026, en medio de la reconfiguración política venezolana y de los esfuerzos estadounidenses por asegurar el suministro de crudo.
No obstante, las afirmaciones sobre el control de los ingresos petroleros requieren distinguir entre la titularidad venezolana de los recursos, los mecanismos financieros utilizados para comercializarlos y las eventuales condiciones establecidas en los acuerdos bilaterales.
María Corina Machado cuestiona su exclusión
El proceso de diálogo enfrenta, además, cuestionamientos por la ausencia de María Corina Machado, dirigente opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025.
Machado ha expresado su malestar por no haber sido incorporada a las conversaciones impulsadas con respaldo de la Administración de Donald Trump.
Su exclusión evidencia las diferencias existentes dentro de la oposición venezolana respecto de la estrategia para conducir la transición política.
Tampoco participa directamente Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.
Ambos dirigentes han insistido en la necesidad de establecer un calendario electoral oportuno y garantías que permitan una competencia democrática.
En este contexto, la eventual eliminación de las inhabilitaciones políticas podría convertirse en una prueba decisiva de la voluntad de apertura del Gobierno interino.
Próxima ronda en noviembre
Las delegaciones acordaron celebrar el cuarto ciclo de negociaciones entre el 11 y el 15 de noviembre, cuando deberán evaluar los avances en las reformas legales, la renovación institucional y la recuperación de los activos venezolanos en el exterior.
El diálogo cuenta con el respaldo de Estados Unidos, aunque todavía enfrenta importantes diferencias sobre el alcance de la transición, la participación de los principales dirigentes opositores y la convocatoria de elecciones presidenciales.
El desafío será transformar los compromisos anunciados en medidas concretas que permitan recuperar la confianza en las instituciones venezolanas.
Por ahora, el principal resultado político de la tercera ronda es la apertura formal de una discusión sobre las inhabilitaciones y las garantías electorales, dos de los asuntos que han marcado la confrontación entre el chavismo y la oposición durante más de una década.
La próxima etapa permitirá determinar si el proceso avanza hacia una transición democrática con plazos y garantías verificables o permanece limitado a acuerdos preliminares sin cambios institucionales efectivos.
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