La exministra Karla Rubilar cuestionó duramente la decisión del Gobierno de conceder rebajas de condena por vía administrativa a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, calificándola como un “error gravísimo”. En ese contexto, emplazó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, a ofrecer disculpas públicas y pidió al Presidente José Antonio Kast pronunciarse directamente sobre la controversia.
“Esta fue una muy mala decisión. Fue un error gravísimo”, sostuvo la exautoridad, quien enfatizó que las consecuencias de estas medidas deben analizarse considerando el impacto sobre las víctimas y sus familias.
Rubilar apuntó especialmente a la defensa inicial del ministro Rabat, quien había sostenido que las rebajas respondían al cumplimiento de la ley y al criterio aplicado por la Corte Suprema. A juicio de la exministra, afirmar que volvería a adoptar las mismas decisiones constituyó “un golpe a las víctimas, es una revictimización”.
“Yo creo que el ministro Rabat al menos debe pedir disculpas públicas”, afirmó, recordando las dificultades que enfrentan las familias para obtener condenas judiciales contra los responsables de estos delitos.
“Hay un dolor desgarrador hoy día, hay una incertidumbre, no saben si el victimario de sus niños y niñas está libre, no saben si pueden volver a cometer este delito o dañar a otra persona”, expresó.
Pide una declaración pública de Kast
Más allá de los cuestionamientos a Rabat, Rubilar sostuvo que el Presidente Kast debe aclarar públicamente que desconocía la entrega de las rebajas, tal como aseguró el titular de Justicia, y manifestar que no habría permitido esas decisiones de haber estado informado.
“Creo que es indispensable para la ciudadanía hoy día escuchar del Presidente de la República (…) que él no sabía y que, si él hubiese sabido, jamás, jamás esto habría pasado”, señaló.
La exministra planteó que un pronunciamiento de ese tipo podría entregar tranquilidad a las familias afectadas, junto con un compromiso del Ejecutivo para impulsar modificaciones legales que impidan la entrega administrativa de estos beneficios en casos de delitos graves.
La controversia surgió luego de conocerse que la cartera había otorgado 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores. El Gobierno anunció posteriormente una salida legislativa para restringir estos beneficios.
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