
El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció este viernes la existencia de un supuesto operativo impulsado por Estados Unidos y respaldado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz para detenerlo o incluso asesinarlo, en medio de la creciente tensión política y social que atraviesa el país.
“Estados Unidos ordenó al Gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con apoyo de la DEA y del Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme”, afirmó Morales a través de redes sociales, donde además acusó a autoridades bolivianas y estadounidenses de impulsar una campaña de “difamación, insultos y acusaciones sin pruebas” en su contra.
El exmandatario señaló como presuntos responsables del operativo al exministro de Gobierno Carlos Sánchez y al viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano. Además, aseguró que efectivos militares y agentes extranjeros se encuentran desplegados en la región del Trópico de Cochabamba.
Morales sostuvo también que agentes de Inteligencia del Ejército y efectivos antidrogas estadounidenses preparaban un operativo para capturarlo entre este viernes y sábado. “Que me procesen, que me detengan, ojalá no me maten”, declaró durante su programa radial.
El líder cocalero rechazó además las acusaciones del Gobierno que lo vinculan con protestas violentas y presuntos nexos con el narcotráfico, afirmando que el Ejecutivo busca justificar la militarización de las zonas donde mantiene apoyo político.
Actualmente, sobre Morales pesa una orden de detención por un caso relacionado con trata de personas agravada. La Fiscalía boliviana confirmó esta semana que solicitará una condena de 20 años de cárcel en el marco de la investigación por la relación que habría mantenido con una menor de edad durante el final de su mandato presidencial.
Morales permanece en la zona cocalera de Chapare, en Cochabamba, protegido por sus seguidores y sin acudir a las citaciones judiciales. El exmandatario acusa desde hace meses a las autoridades de fabricar un caso en su contra.
Paz endurece discurso
Las declaraciones de Morales se producen luego de que el Gobierno endureciera su postura frente al exmandatario y los sectores movilizados en las últimas semanas.
Rodrigo Paz afirmó este viernes que quienes intenten “destruir la democracia” deberán responder ante la Justicia. “Los que intentan desde el pasado destruir esta democracia van a ir a la cárcel”, señaló durante la presentación del Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El mandatario aseguró además que Bolivia atraviesa un proceso democrático “irreversible”, pese a la creciente polarización política y las disputas internas dentro del oficialismo.
En paralelo, el portavoz presidencial José Luis Gálvez atribuyó las protestas y bloqueos registrados en el país a “un plan macabro” financiado por el narcotráfico y destinado a desestabilizar las instituciones democráticas.
Gálvez responsabilizó además a Morales de las muertes ocurridas durante las movilizaciones y advirtió que quienes “conspiren contra la democracia” enfrentarán consecuencias judiciales.
Bolivia enfrenta actualmente un complejo escenario marcado por protestas, bloqueos de carreteras, escasez de combustibles y una creciente crisis económica y política.
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