El Ejército de Liberación Nacional (ELN) informó la imposición de penas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” contra dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia, secuestrados desde mayo de 2025.
La decisión fue comunicada por integrantes del Frente de Guerra Oriental, tras un procedimiento interno denominado “juicio revolucionario”. Los afectados, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, recibieron condenas de 60 y 55 meses de privación de libertad, respectivamente.
El grupo sostuvo que ambos fueron considerados responsables de pertenecer a organismos estatales vinculados —según su versión— a crímenes graves, incluyendo supuestas labores de espionaje contra la organización y la elaboración de montajes judiciales. También los acusó de involucrar a civiles y menores en dichas actividades.
Según el comunicado, las penas podrían reducirse hasta en un 60% dependiendo del comportamiento de los detenidos y su colaboración en el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, se contempla descontar el tiempo que llevan secuestrados como parte de la condena y la posibilidad de un eventual intercambio humanitario.
A estos casos se suman otros dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados en julio de 2025 en el departamento de Arauca. Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes recibieron penas de 36 y 32 meses, respectivamente.
El anuncio generó un amplio rechazo desde el Gobierno colombiano. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el ELN no tiene facultades judiciales y lo calificó como una estructura criminal que representa una amenaza para la población.
Desde la Defensoría del Pueblo también cuestionaron la medida, señalando que el secuestro y la privación arbitraria de libertad constituyen delitos según el Derecho Internacional Humanitario. La institución pidió la liberación inmediata de los retenidos y un mayor esfuerzo estatal para garantizar su regreso seguro.
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