El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este lunes al Tribunal Supremo para intentar que California aparte del escrutinio los votos por correo de más de 20.000 personas que su Administración considera posibles no ciudadanos, a pocas horas de las elecciones legislativas del martes 3 de noviembre.
La solicitud de emergencia pretende que las autoridades electorales separen esas papeletas y suspendan su contabilización hasta verificar la ciudadanía de los votantes. Sin embargo, los tribunales inferiores han rechazado la medida por considerar que podría privar del derecho al sufragio a ciudadanos estadounidenses y alterar el desarrollo de los comicios.
Más de seis millones de votos emitidos
La ofensiva judicial llega cuando California ya registra más de seis millones de papeletas devueltas por correo, según el balance disponible hasta el domingo 1 de noviembre.
El estado cuenta con más de 23 millones de electores inscritos y utiliza un sistema que contempla el envío automático de papeletas por correo a todos los votantes registrados.
La Administración Trump sostiene que una revisión de registros electorales, migratorios y federales permitió identificar a más de 20.000 personas que posiblemente no cumplen los requisitos de ciudadanía para participar en elecciones federales.
No obstante, esa cifra corresponde a personas identificadas como potencialmente inelegibles, no a 20.000 votos fraudulentos comprobados. Tampoco se ha establecido cuántas de ellas efectivamente devolvieron sus papeletas.
El pasado 28 de octubre, el juez federal David O. Carter rechazó la solicitud del Departamento de Justicia para obligar a California a separar los sufragios cuestionados.
El magistrado consideró que la medida podía vulnerar principios constitucionales que reconocen a los estados competencias fundamentales en la organización y administración de las elecciones.
Posteriormente, el viernes 30 de octubre, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó, por dos votos contra uno, el rechazo a la intervención solicitada por Washington.
Los jueces advirtieron que modificar los procedimientos electorales cuando la votación ya está en marcha podría generar dificultades operativas, retrasar el escrutinio y afectar a ciudadanos habilitados legalmente para sufragar.
El procurador general ante el Supremo, D. John Sauer, defendió la solicitud como una medida limitada destinada a evitar que eventuales sufragios ilegales afecten el peso de los votos emitidos legítimamente.
Dudas sobre los registros electorales
Uno de los principales cuestionamientos judiciales apunta a la fiabilidad de los mecanismos utilizados para identificar a los presuntos no ciudadanos.
Durante las revisiones preliminares realizadas en California, las autoridades federales llegaron a considerar una cifra superior a 175.000 posibles casos, posteriormente reducida a aproximadamente 20.000.
Un antecedente similar se produjo en Nevada, donde inicialmente se identificaron cerca de 16.000 supuestos no ciudadanos inscritos en los registros electorales. Tras nuevas verificaciones, la cifra se redujo a 185 casos, sin que se haya acreditado que todos correspondieran efectivamente a personas sin ciudadanía estadounidense.
Las autoridades californianas advierten que los cruces de información pueden identificar erróneamente a ciudadanos naturalizados o personas cuyos antecedentes migratorios no han sido actualizados.
El enfrentamiento judicial en California forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la Administración Trump para revisar la elegibilidad de votantes antes de las elecciones de medio mandato.
En el estado de Washington, el Departamento de Justicia solicitó verificar la ciudadanía de más de 400 personas identificadas como posibles no ciudadanos y evitar que sus votos fueran contabilizados hasta completar las comprobaciones.
Las autoridades electorales de ese estado cuestionaron la precisión de los antecedentes entregados y señalaron que algunas personas incluidas en los registros eran ciudadanos estadounidenses, mientras otras mantenían inscripciones electorales inactivas.
La controversia también ha reabierto el debate sobre las competencias del Gobierno federal frente a los estados en materia electoral y los límites constitucionales de las intervenciones de última hora.
La petición de Trump coloca nuevamente al Tribunal Supremo, integrado por seis magistrados conservadores y tres progresistas, en el centro de una disputa electoral de alcance nacional.
El recurso fue presentado inicialmente ante la jueza Elena Kagan, encargada de tramitar las solicitudes de emergencia correspondientes al circuito judicial involucrado.
El máximo tribunal deberá determinar si corresponde intervenir antes de la jornada electoral o mantener las decisiones de las instancias inferiores mientras continúa el litigio.
Hasta este lunes 2 de noviembre, la solicitud de la Administración no había conseguido modificar las condiciones de escrutinio establecidas en California.
La resolución tendrá implicancias no solo para las papeletas cuestionadas, sino también para el alcance de las facultades federales en la supervisión de los procesos electorales estadounidenses.
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