El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió al Tribunal Supremo para intentar poner en marcha antes de las elecciones legislativas de noviembre una controvertida reforma del voto por correo que permanece parcialmente bloqueada por una corte federal.
El procurador general John Sauer, encargado de representar al Ejecutivo ante el máximo tribunal, solicitó suspender la orden dictada por la jueza federal de Massachusetts Indira Talwani, quien frenó disposiciones que otorgan nuevas facultades al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) para controlar el envío y procesamiento de papeletas electorales.
La disputa adquiere especial relevancia por la proximidad de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de disputarse gobernaciones y numerosos cargos estatales y locales.
La Administración Trump sostiene que las nuevas medidas son necesarias para reducir los riesgos de fraude y garantizar la integridad del proceso electoral. Según Sauer, mantener el bloqueo judicial podría generar “confusión y caos” entre los estados que deben preparar sus procedimientos para noviembre.
El Gobierno argumentó además que una aplicación voluntaria de las nuevas reglas podría provocar que algunos estados no adopten oportunamente las modificaciones y que, paradójicamente, sus ciudadanos terminen teniendo dificultades para ejercer el voto postal.
Nuevos códigos de barras y listas de electores
El conflicto tiene su origen en una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo de 2026 para modificar diferentes aspectos de las elecciones federales y establecer mecanismos adicionales de verificación de ciudadanía.
Entre las medidas se encuentra la creación de listas estatales de ciudadanos estadounidenses elaboradas con información federal y nuevas reglas para el voto por correo. La orden dispuso que las papeletas fueran enviadas en sobres identificados como correspondencia electoral oficial y equipados con códigos de barras únicos que permitieran su seguimiento.
El nuevo esquema contempla además que los estados entreguen al Servicio Postal información sobre las personas autorizadas para votar por correo. El USPS podría verificar posteriormente que las papeletas correspondan a electores incorporados al sistema federal.
La medida representa un cambio significativo respecto del modelo tradicional estadounidense, donde la administración electoral corresponde principalmente a los estados y las autoridades locales.
Precisamente ese punto se encuentra en el centro de las impugnaciones judiciales. Más de una veintena de estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras de los derechos electorales han cuestionado la capacidad del Ejecutivo y del Servicio Postal para imponer unilateralmente requisitos sobre sistemas electorales administrados por los estados.
Talwani ya había determinado que existen argumentos suficientes para considerar que el USPS podría estar excediendo las facultades que le entregó el Congreso.
Una carrera judicial contra el calendario
La batalla por el voto postal lleva meses recorriendo los tribunales. El Supremo ya intervino anteriormente en el conflicto y levantó una decisión previa contra la Administración, aunque sin pronunciarse definitivamente sobre la constitucionalidad de las nuevas reglas.
El nuevo escenario surgió después de que el Servicio Postal publicara su normativa definitiva para implementar la orden presidencial. Talwani respondió con una suspensión temporal de disposiciones fundamentales, argumentando que la nueva regulación introducía elementos que justificaban revisar nuevamente el caso.
El Gobierno apeló y ahora busca una intervención inmediata del Tribunal Supremo mientras continúa paralelamente el procedimiento ante una corte de apelaciones.
El calendario aumenta la presión. Según los plazos establecidos originalmente por la orden ejecutiva, los estados debían entregar antes del 4 de septiembre sus listas de votantes por correo para las elecciones generales de noviembre.
Además, algunos estados están próximos a comenzar el envío de papeletas, lo que reduce considerablemente el margen para modificar procedimientos electorales sin generar problemas logísticos.
Jueza cuestiona una “prueba” durante las elecciones
Durante una audiencia de aproximadamente dos horas, Talwani mostró especial preocupación por el estado de desarrollo del nuevo sistema informático destinado a verificar las papeletas.
La magistrada preguntó a los abogados del Gobierno cuánto había avanzado el Servicio Postal en la construcción del portal que permitiría a las autoridades estatales comunicar qué ciudadanos están autorizados para votar por correo.
Ante la falta de respuestas precisas, ordenó al Ejecutivo entregar información adicional por escrito.
Posteriormente, un funcionario del Servicio Postal señaló que el sistema todavía estaba siendo perfeccionado y que se esperaba ponerlo a disposición de los estados para utilización voluntaria durante la próxima semana.
La respuesta provocó una dura reacción de Talwani.
“¿Así que vamos a hacer una prueba en estas elecciones?”, preguntó la magistrada.
“No estamos jugando a un juego de ingenio. Estamos hablando del derecho al voto de la gente”, agregó.
La jueza también cuestionó por qué una transformación de esta magnitud debía implementarse inmediatamente y no después de las elecciones, cuando el Servicio Postal dispusiera de más tiempo para desarrollar, probar y desplegar el sistema.
Advertencias sobre eventuales errores
La controversia aumentó durante los últimos días después de que trascendieran advertencias internas sobre el desarrollo acelerado de la plataforma informática.
Un denunciante vinculado al proyecto sostuvo que el sistema fue desarrollado en aproximadamente tres meses y alertó sobre la posibilidad de que errores relacionados con los códigos de barras pudieran afectar lotes completos de papeletas.
Las denuncias han aumentado la presión política sobre el Servicio Postal y alimentado los argumentos de quienes sostienen que modificar las reglas cuando faltan pocas semanas para los comicios podría terminar afectando a electores habilitados.
Trump, en cambio, ha convertido la reforma electoral en uno de los ejes de su segundo mandato y ha insistido reiteradamente en endurecer los mecanismos de identificación y control del voto por correo.
La controversia prolonga una disputa que comenzó tras las elecciones presidenciales de 2020, cuando Trump cuestionó masivamente el voto postal y denunció fraude electoral. Desde entonces, las reglas para sufragar por correo se han transformado en uno de los principales frentes políticos y judiciales entre republicanos y demócratas.
La decisión que adopte ahora el Tribunal Supremo podría tener consecuencias inmediatas sobre la organización de las elecciones de noviembre y determinar si Estados Unidos modifica uno de sus principales mecanismos de votación cuando el proceso electoral ya se encuentra en marcha.
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