Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su antecesor Raúl Castro y otros miembros de sus familias, en una nueva escalada de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno cubano.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, incorporó a su lista de sancionados a Díaz-Canel y a Raúl Castro, además de Lis Cuesta Pedraza, esposa del mandatario cubano; Manuel Anido Cuesta, hijastro de Díaz-Canel; y Alejandro Castro, hijo del exgobernante cubano.
Las medidas incluyen restricciones financieras y bloqueos sobre eventuales activos o intereses económicos bajo jurisdicción estadounidense.
Junto con las sanciones personales, Washington también incluyó a cinco entidades cubanas vinculadas al aparato estatal y militar de la isla. Entre ellas figuran el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la empresa minera La Victoria.
La decisión forma parte de una estrategia de presión sostenida impulsada por la Casa Blanca, que en los últimos meses ha reforzado las restricciones económicas sobre Cuba, incluyendo limitaciones al acceso a combustibles y mayores controles sobre actividades comerciales vinculadas al Estado cubano.
Desde Washington sostienen que estas medidas buscan aumentar la presión sobre las autoridades de la isla, gobernada por el Partido Comunista desde 1959, mientras que La Habana denuncia que las sanciones forman parte de una política de bloqueo destinada a afectar la economía y la estabilidad del país.
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