La Defensoría de la Niñez presentó este viernes un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, cuestionando las decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La acción judicial fue dirigida contra el ministro de la cartera, Fernando Rabat, y solicita que el tribunal declare ilegales y arbitrarios los actos administrativos que otorgaron los beneficios, al considerar que estos amenazan y perturban los derechos a la libertad personal y seguridad individual de las víctimas.
En concreto, la institución pidió dejar sin efecto los decretos correspondientes a las causas individualizadas en el recurso y ordenar al Ministerio adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir con lo que resuelva la Corte.
Asimismo, solicitó que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que determinen las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si corresponde.
Cuestionamientos al criterio del Ministerio
Uno de los principales argumentos de la presentación apunta al cambio de criterio aplicado por el Ministerio de Justicia para conceder estas rebajas, pese a que la Ley N.º 19.856, modificada por las leyes N.º 21.421 y N.º 21.522, contempla exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
El recurso también sostiene que la propia cartera había mantenido anteriormente una interpretación contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de características similares, criterio que, según la Defensoría, fue respaldado por distintas resoluciones de la Corte Suprema.
Otro de los cuestionamientos apunta a que las decisiones administrativas no habrían considerado ni ponderado el interés superior de las víctimas, ni evaluado adecuadamente los riesgos para su seguridad, especialmente en aquellos casos en que las personas condenadas ya recuperaron su libertad.
Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “no estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales. Por eso hemos acudido a la justicia, porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas”, afirmó.
En esa línea, agregó que no basta con explicar las razones por las que se concedieron los beneficios, sino que también se debe responder qué medidas se están adoptando para resguardar a las personas afectadas.
Solicitud de medidas de protección para las víctimas
La Defensoría también argumentó que las decisiones cuestionadas contravendrían las obligaciones de protección establecidas en la Ley de Garantías de la Niñez, la Convención sobre los Derechos del Niño y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De acuerdo con la institución, estas disposiciones exigen considerar el interés superior de los menores de edad, además de resguardar su seguridad, protección y recuperación frente a situaciones de violencia sexual.
Por ello, el recurso solicita que la Corte ordene al Ministerio de Justicia coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia la activación de medidas de protección para las víctimas.
Adicionalmente, pide que se entreguen los antecedentes requeridos por la Defensoría el pasado 22 de octubre, cuya respuesta seguía pendiente al momento de presentar la acción judicial, pese a que el plazo para hacerlo venció el 29 de octubre.
Finalmente, la institución solicitó mantener bajo reserva todos los antecedentes que permitan identificar a las víctimas, con el propósito de evitar su revictimización.
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