
La Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad por el “riesgo elevado” de nuevos ataques de grupos armados ilegales en el departamento del Cesar, en el noreste del país, en medio de una escalada de acciones atribuidas principalmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La advertencia señala que podrían producirse ataques “con poco o ningún aviso previo” contra estaciones de Policía, instalaciones militares, edificios gubernamentales y otras infraestructuras vinculadas con las fuerzas de seguridad.
Como consecuencia de este escenario, el personal del Gobierno estadounidense podría quedar sometido a restricciones para desplazarse por determinadas zonas del departamento.
Washington mantiene al ELN en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y ha expresado especial preocupación por la creciente utilización de drones acondicionados con explosivos en operaciones contra la Fuerza Pública.
Una sucesión de ataques
Durante 2026, el Cesar ha registrado múltiples episodios en los que grupos armados han utilizado vehículos aéreos no tripulados para transportar y lanzar cargas explosivas.
Uno de los casos más graves ocurrió en julio en la subestación policial de El Burro, perteneciente al municipio de Pailitas, donde un ataque coordinado con drones y armas de fuego dejó cinco policías heridos y provocó importantes daños en las instalaciones.
El 8 de agosto, otro ataque con drones contra la subestación policial de San Roque, en la zona rural de Curumaní, dejó un policía muerto y otro herido. Dos artefactos explosivos fueron utilizados en la acción, que volvió a encender las alarmas sobre la capacidad tecnológica adquirida por las organizaciones armadas.
A finales de agosto se produjo una nueva ofensiva en Pailitas. Tres policías resultaron heridos luego de que artefactos explosivos transportados por drones alcanzaran la estación policial del municipio. En los días anteriores también habían sido atacadas tropas del Ejército en Pelaya y otros puntos del sur del Cesar.
En uno de esos episodios, tropas colombianas denunciaron el empleo de más de 40 dispositivos explosivos contra una unidad militar, mientras que otro ataque afectó una línea férrea y un tren de la minera Drummond en el municipio de El Paso. Las autoridades vincularon este último hecho con integrantes del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.
Refuerzo antidrones
Ante el deterioro de la seguridad, el Gobierno colombiano ordenó reforzar las capacidades de defensa aérea de baja altura en el departamento.
El presidente Abelardo de la Espriella encabezó a fines de agosto un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar y dispuso un plan de reacción contra las estructuras del ELN que operan en la zona, después de nuevos ataques con drones explosivos contra tropas del Ejército en Pelaya.
Esta semana, la Gobernación del Cesar y el Ejército entregaron además sistemas tecnológicos de inhibición de drones a la Décima Brigada, con sede en Valledupar. El objetivo es interferir las comunicaciones de las aeronaves no tripuladas utilizadas por los grupos armados y proteger tanto a las unidades militares como a la población civil.
La amenaza no se limita al Cesar. En el vecino Catatumbo, en Norte de Santander, el uso de drones explosivos se ha transformado durante 2026 en una táctica recurrente dentro de los enfrentamientos entre el ELN y otras estructuras armadas, modificando las características tradicionales del conflicto colombiano. Un seguimiento realizado durante el primer semestre identificó al menos 11 acciones de este tipo en esa región.
Un nuevo escenario de seguridad
La alerta estadounidense coincide con una intensificación de la respuesta militar del nuevo Gobierno colombiano frente a las organizaciones armadas.
Durante sus primeras semanas de mandato, De la Espriella ha recurrido nuevamente a bombardeos contra posiciones del ELN y disidencias de las antiguas FARC, especialmente en Catatumbo y Guaviare. La estrategia, sin embargo, abrió una controversia después de conocerse la muerte de menores reclutados por estas organizaciones durante algunos de los operativos.
Esta semana, un juzgado de Bogotá ordenó provisionalmente suspender bombardeos sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta o razonablemente verificable de la presencia de niños o adolescentes reclutados, mientras se resuelve una acción judicial sobre la materia.
La combinación entre drones explosivos, ataques contra infraestructura estratégica, bombardeos militares y disputas territoriales muestra una nueva fase del conflicto armado colombiano, en la que la incorporación de tecnologías de bajo costo está ampliando la capacidad ofensiva de los grupos ilegales y obligando a las fuerzas estatales a modificar sus mecanismos de protección.
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