Una nueva denuncia ante la Contraloría General de la República busca abrir una fiscalización especial sobre el proyecto inmobiliario Boulevard Montemar, ubicado en avenida Concón-Reñaca 4.000, en la comuna de Concón, Región de Valparaíso.
La presentación fue ingresada el 18 de septiembre por Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien adhirió a las denuncias y al trabajo realizado previamente por la abogada y copropietaria del edificio Susan Escobar Gatica.
El escrito dirigido a la contralora general, Dorothy Pérez, solicita revisar integralmente las actuaciones de la Municipalidad de Concón, su Dirección de Obras Municipales (DOM) y otros organismos públicos relacionados con el proyecto.
Boulevard Montemar fue aprobado mediante el Permiso de Edificación N°120 del 30 de diciembre de 2016 y obtuvo la Recepción Definitiva N°233 el 11 de noviembre de 2019. La presentación sostiene que, pese a fiscalizaciones, denuncias, sanciones y resoluciones posteriores, determinadas irregularidades continuarían produciendo efectos hasta hoy.
Planos y bienes comunes en el centro de la controversia
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a planos utilizados posteriormente para modificar la configuración del condominio y asignar determinados sectores a unidades privadas.
Según la denuncia, los arquitectos Víctor Quiroz y Raúl Puelma confeccionaron planos que habrían sido utilizados para modificar sectores del inmueble, pese a existir antecedentes de que no fueron aprobados por la DOM de Concón.
Quiroz es hermano del ministro de Hacienda de José Antonio Kast.
Víctor Quiroz ya ha estado durante este año en el centro de otra controversia inmobiliaria en Concón vinculada al proyecto Alto Santorini, episodio en el que se han formulado cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés. El ministro ha rechazado cualquier intervención suya en la aprobación de esa iniciativa.
Las modificaciones de Montemar habrían alcanzado estacionamientos de visitas y para personas con discapacidad, áreas de carga y descarga, circulaciones, terrazas, techumbres, azoteas, escaleras y otros bienes comunes. Los denunciantes solicitan a Contraloría confrontar esos documentos con los planos oficialmente aprobados y archivados por la autoridad municipal.
Antecedentes incluidos en la extensa documentación acompañada señalan además que, en marzo de 2020, cuando la inmobiliaria desarrolladora concentraba aproximadamente el 96,77% de los derechos de copropiedad, una asamblea extraordinaria aprobó modificaciones al Reglamento de Copropiedad. Posteriormente, la DOM habría constatado que alteraciones incorporadas no fueron tramitadas mediante la correspondiente modificación del permiso de edificación ni obtuvieron la aprobación técnica exigida.
Estacionamientos y antejardín explotados comercialmente
Otro capítulo apunta a la utilización comercial de espacios que, según los denunciantes, corresponderían a bienes comunes.
La presentación sostiene que sectores destinados a estacionamientos de visita, jardines y antejardín estarían siendo utilizados actualmente para una explotación comercial de estacionamientos vinculada al strip center. El escrito cuestiona además que dicha actividad cuente con patente municipal mientras permanece controvertida su compatibilidad con el permiso de edificación, los planos aprobados y la normativa urbanística.
La documentación incorporada sostiene que el estacionamiento pagado en el antejardín operaría desde 2021 y menciona a Rentas Strip Boulevard Montemar SpA como la sociedad que realizaría esa explotación.
Orden de demolición que no se habría ejecutado
Uno de los aspectos más delicados corresponde a obras en los pisos 17 y 18.
De acuerdo con la presentación, la propia DOM constató obras ilegales que dieron origen a la causa Rol N°5767-2023 del Juzgado de Policía Local de Concón y posteriormente a diversas resoluciones municipales.
El documento afirma que finalmente se dictó el Decreto Alcaldicio N°2105/2026, que ordenó la demolición de las obras cuestionadas, pero sostiene que hasta ahora la medida no se habría materializado.
Entre las intervenciones descritas en los antecedentes se encuentran la eliminación de una doble altura originalmente aprobada, la incorporación de una estructura metálica con pilares de acero y losa colaborante y un aumento de superficie edificada. La denuncia sostiene que algunas de esas dependencias habrían continuado siendo utilizadas y ofrecidas comercialmente pese a las resoluciones administrativas existentes.
La presentación también pide esclarecer cómo pudo instalarse infraestructura tecnológica asociada a un Data Center en la oficina 1801 del piso 18, considerando que el sector estaría afectado por infracciones urbanísticas y medidas de demolición.
Irregularidades eléctricas
La denuncia agrega un capítulo relacionado con instalaciones eléctricas. Según los antecedentes acompañados, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) habría constatado sellos vulnerados, modificaciones de conexiones, diferencias entre las instalaciones existentes y sus antecedentes técnicos y derivaciones entre unidades privadas y espacios comunes.
Particularmente, se mencionan conductores asociados a la oficina 1801 del piso 18 que habrían sido derivados hacia un empalme del piso 8 atravesando sectores comunes. Los denunciantes sostienen que, pese a fiscalizaciones y sanciones, estas situaciones no habrían sido completamente subsanadas.
Piden determinar responsabilidades
Herman solicita a Contraloría no limitarse a nuevas revisiones formales. Entre otras diligencias, pide fiscalizar las actuaciones municipales, verificar los planos, revisar la legalidad de la explotación comercial de estacionamientos y áreas comunes, establecer por qué no se habría ejecutado la orden de demolición y examinar las medidas adoptadas frente a las instalaciones eléctricas cuestionadas.
La presentación solicita además determinar eventuales responsabilidades administrativas por acciones u omisiones y, si Contraloría advierte antecedentes que pudieran revestir carácter de delito, remitirlos a los organismos competentes.
El expediente acompañado muestra que el conflicto supera la nueva presentación ante Contraloría. La actual administración del condominio también entregó antecedentes al Ministerio Público solicitando investigar una serie de operaciones efectuadas entre 2020 y 2026 sobre bienes comunes, recursos comunitarios y unidades del complejo. Esa denuncia señala expresamente que corresponde a la Fiscalía determinar si existen delitos y responsabilidades penales.
Será el organismo fiscalizador el encargado de determinar la procedencia de las imputaciones y establecer si las actuaciones administrativas vinculadas a Boulevard Montemar se ajustaron a derecho.
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