Ecuador volvió a endurecer su estrategia de seguridad frente al avance del crimen organizado. El presidente Daniel Noboa decretó este martes un nuevo estado de excepción que abarcará diez de las 24 provincias del país y tres cantones, medida que tendrá una duración inicial de 60 días y podrá extenderse por otros 30 si persisten las condiciones que la motivaron.
La disposición regirá en las provincias de Pichincha, donde se ubica la capital Quito; Guayas, cuya principal ciudad es Guayaquil; Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos y Azuay. También se aplicará en los cantones La Maná, Las Naves y La Troncal.
Durante la vigencia del decreto quedarán suspendidos los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia. Esto permitirá a la Policía y a las Fuerzas Armadas interceptar comunicaciones y realizar registros en inmuebles sin autorización judicial previa cuando existan indicios de que podrían albergar integrantes de grupos armados organizados, armamento o sustancias ilícitas.
La medida no contempla toque de queda, aunque sí autoriza la incautación temporal de bienes de origen ilícito que sean considerados necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de seguridad.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que el objetivo es fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las organizaciones criminales que han incrementado la violencia en distintas regiones del país durante los últimos años.
El anterior estado de excepción había comenzado el 2 de abril y concluyó el 31 de mayo de 2026, afectando a nueve provincias. Con esta nueva decisión, Ecuador acumula cerca de 900 días bajo distintos regímenes de excepción desde que se intensificó la crisis de seguridad asociada al narcotráfico y al crimen organizado.
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