El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, anunció este jueves una profunda renovación de la cúpula de las Fuerzas Militares y encomendó a los nuevos mandos combatir de manera “contundente” el narcotráfico, las organizaciones criminales y los grupos armados que operan en distintas regiones del país.
La decisión constituye uno de los movimientos más significativos en materia de defensa desde la llegada del mandatario al poder y confirma el giro respecto de la estrategia impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro, cuya política de “paz total” buscó abrir negociaciones simultáneas con guerrillas y estructuras criminales.
“Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este Gobierno y estoy cumpliendo con la palabra que empeñé a los compatriotas, a esos cerca de trece millones de compatriotas que confiaron en mí y que votaron decididamente”, sostuvo De la Espriella al presentar a los nuevos altos mandos.
El general Erick Rodríguez Aparicio fue designado comandante general de las Fuerzas Militares. El oficial, con más de tres décadas de trayectoria, regresa al servicio activo después de haber ocupado cargos como subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas y segundo comandante del Ejército.
Rodríguez había salido de la institución durante la administración anterior, tras una controversia generada por sus declaraciones sobre mecanismos de control y carnetización de habitantes aplicados por las disidencias de las FARC en algunas zonas del país.
Como jefe del Estado Mayor Conjunto fue nombrado el general Carlos Carrasquilla Gómez, mientras que el general José Bertulfo Soto Sánchez asumirá la comandancia del Ejército.
La Armada Nacional quedará bajo la conducción del vicealmirante Javier Jaime Pinilla y el general Juan Martínez Osa estará al frente de la Fuerza Aérea, denominación que recuperará la institución después de haber sido rebautizada como Fuerza Aeroespacial Colombiana.
De la Espriella aseguró que los oficiales seleccionados son “los mejores” para enfrentar a la criminalidad y afirmó que recibieron una orden “clara, contundente e inequívoca”: proteger a la población, defender la soberanía y garantizar la seguridad en todo el territorio colombiano.
Cambio de estrategia frente a los grupos armados
La renovación militar ocurre en momentos en que Colombia continúa enfrentando la presencia territorial del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las distintas facciones surgidas de las antiguas FARC y el Clan del Golfo, además de organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras economías ilícitas.
Uno de los principales desafíos continúa siendo el fortalecimiento de las disidencias de las FARC en departamentos como Cauca, Caquetá, Meta y Guaviare. Algunas de estas estructuras han desarrollado sistemas propios de control social y territorial, incluyendo restricciones a la movilidad, extorsiones, amenazas contra dirigentes comunitarios y mecanismos de identificación de habitantes.
El reclutamiento de menores también se ha convertido en uno de los aspectos más graves del conflicto. Durante 2025 se documentaron 410 casos de reclutamiento forzado de niños y adolescentes. El Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC fue señalado como responsable del 42% de los casos registrados, mientras que el ELN concentró alrededor del 10% y el Clan del Golfo cerca del 5%.
El Gobierno de De la Espriella ha dejado claro desde antes de asumir que su estrategia será diferente a la de su antecesor. A fines de julio, cuando todavía era presidente electo, el mandatario lanzó ultimátums a varios cabecillas del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo para que se sometieran a la Justicia.
La nueva administración también inició operaciones ofensivas poco después de llegar al poder. Durante una de las primeras acciones militares de agosto murieron seis integrantes de organizaciones armadas, cuatro pertenecientes a una facción disidente de las FARC y dos vinculados al Clan del Golfo.
Acercamiento militar con Estados Unidos
El endurecimiento de la política de seguridad ha venido acompañado de una reactivación de la cooperación militar con Estados Unidos.
Durante agosto, Washington anunció que Colombia se incorporaría como el miembro número 19 de la Coalición contra los Carteles de las Américas, iniciativa orientada a coordinar acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico y el crimen transnacional.
La administración De la Espriella también autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos para enfrentar redes calificadas como narcoterroristas, decisión que ha generado cuestionamientos de sectores opositores sobre sus alcances y eventuales implicancias para la soberanía colombiana.
La cooperación representa un cambio respecto del deterioro de las relaciones militares que se produjo durante parte del Gobierno de Gustavo Petro y devuelve a la lucha contra el narcotráfico un papel central en el vínculo entre Bogotá y Washington.
“La paz que se impone”
De la Espriella ha planteado que su objetivo es recuperar territorios donde el Estado ha perdido capacidad de control frente a estructuras armadas y redes criminales.
“Estoy comprometido en liberar a Colombia del crimen, del delito, de la zozobra diaria que el narcoterrorismo le impone a nuestra sociedad”, afirmó el mandatario.
El presidente también marcó distancia de los procesos de negociación desarrollados durante los últimos años y sostuvo que la nueva conducción militar deberá llevar paz a la población, pero bajo una concepción distinta a la promovida por el Gobierno anterior.
“No será la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado, sino la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, afirmó.
La renovación de los altos mandos convierte así a las Fuerzas Militares en una pieza central de la primera etapa del Gobierno de De la Espriella y anticipa una estrategia de seguridad basada en una mayor presión operacional contra el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y las redes del narcotráfico, en un escenario en que la recuperación del control territorial aparece como una de las principales prioridades de la nueva administración.
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