La ciudad autónoma de Ceuta vive este jueves su mayor crisis migratoria desde 2021, luego del ingreso masivo de miles de personas procedentes de Marruecos por vía marítima y terrestre, una situación que ha obligado al Gobierno español a reforzar el despliegue de seguridad y coordinar una respuesta conjunta con las autoridades marroquíes.
El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que la crisis ha sido impulsada por las redes de tráfico de personas, las que estarían aprovechando una reciente sentencia del Tribunal Supremo español para promover la llegada irregular de migrantes a Ceuta.
Según fuentes del ministerio, estas organizaciones criminales han «instrumentalizado» el fallo judicial dictado el pasado 8 de julio, mediante el cual el Tribunal Supremo estableció que no pueden aplicarse las denominadas «devoluciones en caliente» a quienes ingresan nadando a Ceuta o Melilla, al considerar que no atraviesan físicamente las barreras fronterizas terrestres.
España respalda la cooperación con Marruecos
El Ejecutivo español coincidió con la posición expresada por Marruecos, cuyo Gobierno atribuyó la avalancha migratoria a organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de personas y descartó que exista una relajación deliberada de los controles fronterizos.
Desde Interior afirmaron que la cooperación entre ambos países continúa siendo «ejemplar» en materia migratoria y aseguraron que las fuerzas de seguridad marroquíes han evitado miles de intentos de cruce durante los últimos días.
Asimismo, España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación bilateral para acelerar la devolución de quienes hayan ingresado de manera irregular a territorio español, conforme a la legislación vigente.
Grande-Marlaska, quien mantiene contacto permanente con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, viajará este viernes a Ceuta para supervisar personalmente la gestión de la emergencia.
Al menos diez fallecidos en las últimas 24 horas
La dimensión humanitaria de la crisis continúa agravándose. De acuerdo con información de las autoridades españolas, diez personas han sido encontradas sin vida en las aguas de Ceuta durante las últimas 24 horas mientras intentaban alcanzar la costa.
Con ello, la cifra de migrantes fallecidos en ese sector durante 2026 asciende a 38 personas, acercándose al total registrado durante todo 2025.
Entretanto, cientos de personas continuaban ingresando a Ceuta durante la tarde bordeando el espigón del Tarajal o nadando desde la costa marroquí. Aunque aún no existen cifras oficiales consolidadas, fuentes policiales estiman que las entradas irregulares podrían superar las 10.000 personas.
La Unión Europea ofrece apoyo
Ante el agravamiento de la situación, la Comisión Europea anunció su disposición a reforzar el apoyo a España mediante asistencia financiera, técnica y operativa, incluyendo el eventual despliegue de recursos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, señaló que Bruselas mantiene contacto permanente con las autoridades españolas y marroquíes para contener la crisis y evitar nuevas travesías consideradas de alto riesgo.
La Comisión también reiteró que Marruecos continúa siendo un «socio clave y de confianza» para la Unión Europea en materia de gestión migratoria y lucha contra las redes de tráfico de personas.
Refuerzo militar
Como parte de la respuesta a la emergencia, el Gobierno español decidió movilizar a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia Civil en las labores de seguridad y control en Ceuta.
Los efectivos actuarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones, reforzando la vigilancia de la frontera mientras continúan las labores de rescate, identificación y atención humanitaria.
La crisis representa el mayor desafío migratorio para España desde mayo de 2021, cuando alrededor de 8.000 personas ingresaron en apenas dos días a la ciudad autónoma tras una relajación temporal de los controles fronterizos por parte de Marruecos.
Las autoridades españolas mantienen abiertas las operaciones de rescate y control fronterizo, mientras la evolución de los acontecimientos podría tener repercusiones tanto en la política migratoria de España como en las relaciones diplomáticas entre Madrid, Rabat y la Unión Europea.
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