La Corte de Apelaciones de Iquique fijó en $35.000.000 la indemnización que el fisco deberá pagar a María Nardy Ribera Méndez, quien permaneció siete meses en prisión preventiva tras ser imputada por tráfico ilícito de drogas, luego de que un test de campo arrojara un falso positivo a cocaína en productos de queratina adquiridos en Bolivia.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada —integrada por los ministros Mónica Olivares Ojeda, Pedro Güiza Gutiérrez y Andrés Provoste Valenzuela— confirmó la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Iquique, aunque resolvió aumentar el monto de la compensación en atención al daño acreditado.
La resolución descartó el pago de indemnización por daño emergente y lucro cesante, al considerar insuficientes los antecedentes presentados para acreditar dichos perjuicios. En particular, el tribunal concluyó que no se logró demostrar que la demandante contara con un trabajo remunerado al momento de su detención, tras analizar contratos, liquidaciones de sueldo y registros migratorios.
No obstante, la Corte determinó que sí correspondía indemnizar el daño moral, subrayando el impacto que implica una imputación penal “carente de fundamento fáctico y jurídico”. En esa línea, estimó pertinente aumentar la suma fijada en primera instancia, considerando las consecuencias personales derivadas de la privación de libertad.
Con ello, el tribunal confirmó el fallo apelado, con declaración de elevar la indemnización por daño moral a $35 millones, monto que deberá ser pagado por el Estado a la afectada.
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