La Contraloría General de la República detectó graves deficiencias en la gestión de la Universidad del Biobío para recuperar más de $4.200 millones en recursos públicos entregados entre 2017 y 2024 a académicos beneficiarios de programas de perfeccionamiento que posteriormente no cumplieron con todas las obligaciones comprometidas.
De acuerdo con el Informe Final N.º 128 de 2026, la casa de estudios no acreditó la restitución efectiva de los fondos y mantuvo débiles mecanismos de control, monitoreo y seguimiento de las acciones de cobranza.
La auditoría estableció que la universidad no realizó oportunamente gestiones para recuperar $2.019 millones. Las acciones fueron iniciadas después de que la Contraloría emitiera su preinforme, pero hasta la elaboración del documento final no se había demostrado el reintegro de esos recursos.
La institución también había iniciado procedimientos judiciales para cobrar otros $2.192 millones antes del comienzo de la fiscalización. Sin embargo, tampoco acreditó que esos dineros hubieran sido recuperados.
Más de $308 millones en causas prescritas
Uno de los antecedentes más graves corresponde a $308.501.921 respecto de los cuales no se ejercieron oportunamente acciones judiciales.
La demora provocó la prescripción de las causas, comprometiendo la posibilidad de recuperar esos recursos públicos.
La Contraloría Regional del Biobío comprobó además que una parte importante de los procesos judiciales examinados presenta prolongados periodos de inactividad y que varios habrían concluido sin resultados favorables para la universidad.
El informe cuestionó especialmente la falta de continuidad en la cobranza después del término, en junio de 2020, del contrato que la casa de estudios mantenía con una empresa externa.
La Universidad del Biobío no acreditó la adopción de medidas suficientes para garantizar que las acciones destinadas a recuperar los fondos continuaran siendo ejecutadas de manera efectiva.
Deudas no registradas en la contabilidad
La fiscalización también detectó importantes deficiencias contables.
Al 31 de diciembre de 2024, la universidad no había incorporado en sus registros deudas por $1.452.058.484 derivadas de ceses de patrocinio ya decretados.
El cese de patrocinio corresponde al acto mediante el cual la institución revoca el respaldo entregado a un académico para realizar un programa de perfeccionamiento.
A ello se sumaban otros $88.596.051 asociados a casos en que el cese todavía no había sido formalizado mediante los respectivos actos administrativos.
La Contraloría advirtió que esta situación impedía reflejar adecuadamente la magnitud de las obligaciones pendientes y debilitaba el control sobre los recursos públicos comprometidos.
Demoras superiores a una década
El organismo fiscalizador constató además una demora excesiva en la dictación de los decretos universitarios que formalizaban el término del patrocinio.
En algunos casos transcurrieron más de 10 años entre la decisión adoptada por el Comité de Perfeccionamiento Académico y la emisión del acto administrativo por parte de la autoridad universitaria.
Estos retrasos postergaron el inicio de las acciones de cobro y aumentaron el riesgo de prescripción de las deudas.
La auditoría también identificó debilidades en el manejo de los pagarés asociados a los programas de perfeccionamiento académico, debido a que la universidad no contaba con un registro único y consolidado.
Por ello, la Contraloría solicitó implementar un instructivo para el control de esos documentos y elaborar un catastro completo de los pagarés existentes.
Reparo y sumario administrativo
Como consecuencia de los hallazgos, la Contraloría anunció que formulará un reparo para determinar la eventual responsabilidad civil de los funcionarios que omitieron ejercer oportunamente las acciones de cobro.
También instruyó a la Universidad del Biobío iniciar un sumario administrativo destinado a establecer posibles responsabilidades funcionarias.
La casa de estudios deberá remitir a la Contraloría el acto administrativo que ordene la apertura del procedimiento dentro de un plazo de 15 días hábiles.
El organismo fiscalizador exigió además fortalecer los sistemas de control, supervisión y seguimiento de los programas de perfeccionamiento académico y de los procesos destinados a recuperar los fondos públicos.
Las medidas buscan evitar que se repitan retrasos, omisiones y desórdenes administrativos que puedan generar nuevas pérdidas para el patrimonio universitario y fiscal.
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