
El Consejo para la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (CONDEPP) valoró que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) respaldaran la creación de una plataforma social para el sector artesanal.
La organización, que afirma haber impulsado esta demanda durante más de una década, planteó que el principal asunto pendiente es definir un mecanismo estable de financiamiento.
CONDEPP propuso destinar, a partir de 2032, parte de los recursos adicionales que el Estado obtenga mediante la licitación de las licencias de pesca industrial, cuya vigencia expira ese año.
La plataforma social busca entregar cobertura estructural frente a emergencias y riesgos propios del trabajo en el mar.
Entre sus principales componentes se consideran seguros para embarcaciones, motores y artes de pesca; un fondo sectorial de emergencia de activación inmediata frente a catástrofes climáticas; y cobertura previsional y de salud adaptada a las condiciones de la actividad artesanal.
Financiamiento permanente
El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés Bernal, valoró que la propuesta haya sido acogida por la autoridad y CONAPACH, aunque lamentó que su organización no fuera convocada a la instancia en que se presentó.
“Nos hubiera gustado que el subsecretario nos hubiese invitado, dado que llevamos tanto tiempo empujando este tema y fuimos los primeros en levantarlo”, señaló.
Cortés agregó que la incorporación de nuevos actores a la propuesta debe ser recibida favorablemente, pero advirtió que sin una fuente estable de recursos la iniciativa podría quedar reducida a una declaración.
“Solo queremos manifestar nuestra preocupación respecto a cómo se va a financiar, porque si la propuesta no viene aparejada de una fuente de recursos permanente, no es más que una declaración de buenas intenciones”, sostuvo.
CONDEPP recordó que las licencias transables de pesca industrial vigentes vencen en 2032, conforme a la Ley 20.657.
La organización considera que ese vencimiento abre la posibilidad de licitar cuotas actualmente asignadas al sector industrial y aumentar la recaudación fiscal.
Como referencia, indicó que en 2022 la industria pesquera pagó $21.408 millones por impuesto específico y que, según estimaciones de expertos citadas por la entidad, el valor de las licencias obtenidas mediante licitación podría ser hasta ocho veces superior.
Cortés sostuvo que parte de esa recaudación adicional debería destinarse a financiar permanentemente la plataforma social.
“Dado que las licencias de pesca industrial vencen en 2032, a partir de esa fecha, con lo que se recaude adicionalmente por la vía de licitaciones, se debe destinar parte de esos recursos para dar un financiamiento permanente a la Plataforma Social”, afirmó.
Petición de proyecto de ley
CONDEPP solicitó que el respaldo expresado por la Subsecretaría de Pesca y CONAPACH se traduzca en un proyecto de ley que establezca una fuente permanente de financiamiento.
La organización pidió definir desde ahora el mecanismo de recaudación y consagrar la licitación de las licencias industriales como origen de los recursos.
A juicio de la entidad, la propia actividad pesquera debe financiar la protección social de quienes dependen del trabajo en el mar.
CONDEPP, constituida en 2012, informó que representa a 67 mil pescadores artesanales agrupados en 187 organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas.
Críticas por composición de la mesa
Cortés también cuestionó que el subsecretario haya convocado solo a seis dirigentes para abordar la iniciativa.
El representante gremial sostuvo que algunos de ellos participaron en la denominada mesa pesquera de Longueira y criticó que otros actores del sector hayan quedado fuera.
“Esperamos que la Mesa de Urrutia no sea una nueva versión de la Mesa de Longueira con algunos actores que se repiten el plato”, concluyó.
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