El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que la respuesta del Estado frente a los bloqueos y protestas que afectan al país desde hace más de 40 días se mantendrá dentro del marco legal y democrático, mientras que las Fuerzas Armadas actuarán con “disciplina, serenidad y patriotismo”.
Durante una ceremonia en la que recibió una condecoración al mérito militar, Justiniano sostuvo que el Gobierno no permitirá que la violencia altere el orden institucional del país.
“Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad. Frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza”, señaló el secretario de Estado.
El ministro recalcó que la respuesta gubernamental será “institucional, democrática y de Estado”, y acusó a algunos grupos movilizados de haber escalado desde los bloqueos hacia acciones violentas. Según indicó, existen sectores que pretenden imponer por la fuerza demandas que no han logrado canalizar por vías democráticas.
Justiniano también respaldó la tesis del Ejecutivo de que parte de las protestas cuentan con apoyo de estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. A su juicio, detrás de los bloqueos existirían “componentes transnacionales, financiamientos oscuros e intereses criminales” orientados a debilitar las instituciones bolivianas.
“El derecho a la protesta pacífica está garantizado, pero la violencia constituye un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la Constitución ni de la democracia”, afirmó.
El ministro, que asumió el cargo hace una semana, defendió además la estrategia de contención adoptada por el Gobierno y respondió a quienes exigen la declaración inmediata de un estado de excepción.
“La prudencia no significa ausencia del Estado, la contención no es debilidad y la voluntad de diálogo no implica renunciar al deber de proteger a Bolivia”, sostuvo.
Las declaraciones se producen un día después de que el presidente Rodrigo Paz promulgara una nueva ley que amplía las facultades del Ejecutivo para decretar estados de excepción y autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis derivadas de protestas y disturbios.
La normativa establece que cualquier estado de excepción deberá ser decretado especificando su alcance territorial, duración, medidas extraordinarias e instituciones responsables de su ejecución. Además, fija una vigencia máxima de 90 días, prorrogable únicamente con autorización parlamentaria.
Las movilizaciones comenzaron hace más de un mes impulsadas por demandas sociales y económicas en medio de la compleja situación que atraviesa Bolivia. Sin embargo, con el paso de las semanas varios grupos han endurecido sus posiciones y actualmente exigen la renuncia del presidente Paz.
A la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) se han sumado bloqueos de carreteras organizados por sectores campesinos y rurales, especialmente en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Las protestas han derivado en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en la instalación de cerca de un centenar de puntos de bloqueo en distintas regiones del país.
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