La situación judicial del exfiscal general de Bolivia Roger Mariaca sumó un nuevo capítulo luego de que el Ministerio Público abriera un segundo proceso en su contra por el hallazgo de una millonaria cantidad de dinero en efectivo dentro de una ambulancia que habría partido desde su domicilio.
El vehículo fue interceptado durante la madrugada del 1 de octubre con 3.532.100 bolivianos y US$10.000 en su interior. Al tipo de cambio oficial boliviano, la primera cantidad equivale aproximadamente a US$507.000, por lo que el total encontrado supera los US$517.000.
Tres personas que viajaban en la ambulancia fueron detenidas y quedaron sometidas a medidas cautelares mientras se investiga el origen y destino del dinero.
El fiscal Edwin Sarmiento confirmó que existen dos procesos vinculados al episodio, aunque evitó entregar mayores antecedentes antes de la audiencia correspondiente. La causa deberá ser conocida por el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de la zona Sur.
La investigación por el dinero encontrado se suma al proceso que ya enfrenta Mariaca por presuntos delitos relacionados con una organización criminal y tráfico de sustancias controladas.
Investigación por presunta protección al narcotráfico
Mariaca quedó anteriormente bajo detención preventiva junto al fiscal general de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior y exabogado del expresidente Evo Morales, Martín Irusta; y el mayor de Policía Rubén Aparicio.
Las pesquisas apuntan a determinar si los involucrados formaban parte de una estructura destinada a entregar protección institucional a organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Uno de los principales nombres que aparece en la investigación es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por la justicia de varios países y señalado como una figura relevante del crimen organizado sudamericano.
Las nuevas diligencias buscan ahora establecer la procedencia de los más de medio millón de dólares encontrados en la ambulancia y determinar si esos recursos guardan relación con la investigación principal.
Mariaca fue destituido
El avance de la causa tuvo también consecuencias institucionales. Mariaca fue destituido como fiscal general luego de que el Parlamento boliviano aplicara una legislación que permite remover al titular del Ministerio Público cuando existe un procesamiento judicial en su contra y la medida es respaldada por la Asamblea Legislativa.
Tras su salida, el Legislativo eligió durante la madrugada del sábado a José Armando Urioste Viera como fiscal general interino.
La crisis se produce además después de que Estados Unidos adoptara medidas contra Mariaca y otros altos cargos y exautoridades bolivianas, incluyendo restricciones de ingreso al territorio estadounidense.
Washington acusa al exfiscal general de haber utilizado su posición pública para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y permitir que personas relacionadas con organizaciones criminales evitaran la acción de la justicia.
Mariaca vinculó las acusaciones al caso Cerimedo
Antes de ser detenido, Mariaca rechazó las acusaciones estadounidenses y sostuvo que respondían a presiones políticas por investigaciones impulsadas durante su gestión.
Entre ellas mencionó el caso del consultor político argentino Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia en agosto pasado y vinculado políticamente al entorno del presidente boliviano Rodrigo Paz y al mandatario argentino Javier Milei.
Cerimedo ha enfrentado en Bolivia una investigación por delitos relacionados con violencia contra una mujer, caso que adquirió repercusión política por sus conexiones con dirigentes y asesores de distintos países de la región.
Mariaca sostuvo entonces que las actuaciones del Ministerio Público boliviano habían generado molestias en determinados sectores políticos dentro y fuera del país.
El hallazgo del dinero en la ambulancia abre ahora una nueva línea investigativa en uno de los mayores escándalos recientes dentro del sistema judicial boliviano, mientras las autoridades intentan determinar si los recursos incautados tienen relación con las presuntas redes de protección al narcotráfico que dieron origen al primer proceso contra el exfiscal general.
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