Las autoridades palestinas de Jerusalén Este denunciaron este viernes que al menos 51 personas resultaron heridas y más de 60 fueron detenidas o interrogadas durante un operativo de dos días llevado a cabo por fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Qalandiya y la localidad de Kafr Aqab, al norte de Jerusalén.
La Gobernación de Jerusalén informó que las tropas israelíes se retiraron de ambas zonas tras una operación que, según la administración palestina, dejó decenas de afectados y provocó importantes daños a propiedades públicas y privadas.
De acuerdo con el organismo, equipos de la Media Luna Roja Palestina atendieron 51 casos desde el inicio del operativo hasta la retirada de las fuerzas israelíes. De ellos, 38 correspondieron a personas heridas por golpes que debieron ser trasladadas a hospitales, mientras otras seis fueron atendidas en el lugar.
También se reportó una persona herida por el impacto de una bala de goma y otras seis afectadas por inhalación de gases lacrimógenos.
La Gobernación señaló además que más de 60 palestinos fueron arrestados, detenidos temporalmente o interrogados durante las incursiones. Según su versión, entre los afectados había mujeres y menores de edad, y la cifra definitiva podría ser superior.
La autoridad palestina sostuvo que algunas de las detenciones estuvieron dirigidas contra familiares de prisioneros y palestinos muertos en el conflicto, una práctica que calificó como parte de una política de “castigo colectivo”.
Demoliciones y daños materiales
El organismo denunció además que las fuerzas israelíes demolieron siete locales comerciales en las inmediaciones del puesto de control militar de Qalandiya, además de un lavadero de vehículos.
También afirmó que maquinaria israelí arrasó el patio de una vivienda y que durante los registros fueron dañados los interiores de decenas de casas.
La Gobernación añadió que residentes de la zona denunciaron además presuntos saqueos durante los allanamientos.
Las autoridades palestinas rechazaron la explicación israelí de que el operativo estaba destinado a perseguir una supuesta “infraestructura terrorista” y sostuvieron que la intervención tuvo como objetivo reforzar el control militar sobre el campamento y sus alrededores.
Disputa por proyectos urbanísticos
La Gobernación vinculó además el operativo con una serie de proyectos israelíes destinados, según su interpretación, a modificar la configuración territorial y demográfica del norte de Jerusalén.
Entre ellos mencionó un proyecto para construir entre 7.000 y 9.000 viviendas en un asentamiento en la zona de Qalandiya, además del establecimiento de un tribunal militar y la construcción de una carretera destinada a conectar el norte de Jerusalén con territorio israelí.
La autoridad palestina sostuvo que el establecimiento de una nueva realidad de seguridad en el sector permitiría acelerar esos proyectos y consolidar el control israelí sobre la parte norte de la ciudad.
Asimismo, advirtió que estas iniciativas podrían profundizar el aislamiento de Jerusalén Este respecto del resto de los territorios palestinos y constituir pasos hacia una eventual anexión.
Finalmente, la Gobernación de Jerusalén pidió a Naciones Unidas y a la comunidad internacional intervenir para detener estas políticas, exigir responsabilidades por eventuales violaciones contra civiles y garantizar protección a la población palestina y sus instituciones en Jerusalén Este.
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