
La violencia de las organizaciones criminales en Haití ha dejado cerca de 5.700 personas muertas durante 2026, en medio de una crisis que continúa extendiéndose desde Puerto Príncipe hacia otras zonas del país y que las fuerzas de seguridad haitianas y la misión internacional desplegada para combatir a las pandillas no han conseguido contener.
La cifra de fallecidos documentada hasta el 11 de septiembre refleja el deterioro sostenido de la seguridad desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Desde entonces, las organizaciones armadas han aprovechado la fragilidad institucional para ampliar su presencia en la capital y en regiones estratégicas como Artibonito.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las pandillas han demostrado capacidad para adaptarse a las operaciones de seguridad, desplazarse hacia nuevos territorios y reabastecerse de armas y municiones.
La situación también ha puesto bajo presión a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por el Consejo de Seguridad. Su mandato fue extendido recientemente por otros seis meses, hasta el 31 de marzo de 2027, mientras su despliegue permanece muy por debajo de los 5.500 efectivos previstos.
Masacres y expansión fuera de Puerto Príncipe
Uno de los episodios más graves ocurrió a fines de agosto en Kenscoff, una zona montañosa cercana a Puerto Príncipe que durante años había permanecido relativamente al margen de los peores episodios de violencia.
Al menos 47 personas fueron asesinadas y más de 50 secuestradas durante el ataque. El episodio evidenció la capacidad de las organizaciones criminales para operar fuera de sus bastiones tradicionales y obligar a las fuerzas de seguridad a dispersar sus limitados recursos.
La expansión hacia áreas rurales se ha convertido en uno de los principales cambios de la crisis haitiana. Las pandillas utilizan secuestros, bloqueos de carreteras, ataques relámpago y control de corredores estratégicos para extender su influencia más allá de Puerto Príncipe, mientras buena parte de la respuesta de seguridad continúa concentrada en la capital.
Las organizaciones armadas controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y mantienen presencia en amplias zonas del centro del país. La violencia ha provocado además el desplazamiento interno de alrededor de 1,5 millones de personas.
Más de mil víctimas de violencia sexual
La violencia contra mujeres y niñas constituye otra dimensión especialmente grave de la crisis. Durante 2026 se han registrado más de mil víctimas de violencia sexual, principalmente mujeres sometidas a violaciones colectivas. Entre las víctimas documentadas también figuran decenas de menores de edad.
La dimensión real del fenómeno podría ser considerablemente mayor debido al temor de las víctimas a denunciar, el colapso de las instituciones y las dificultades para acceder a territorios controlados por organizaciones armadas.
Particular preocupación genera también la utilización de niños y adolescentes por parte de las pandillas. Las estimaciones internacionales sitúan a los menores entre el 30% y el 50% de los integrantes de estos grupos. Algunos son reclutados mediante amenazas y otros terminan incorporándose como mecanismo de supervivencia en comunidades donde prácticamente han desaparecido las oportunidades económicas y la presencia estatal.
Cárceles colapsadas y más de 120 muertos bajo custodia
El deterioro institucional se extiende al sistema penitenciario. Las cárceles haitianas albergan, en promedio, alrededor de tres veces la cantidad de personas para la cual fueron diseñadas, en condiciones marcadas por el hacinamiento, la violencia y graves deficiencias sanitarias.
Al menos 125 personas han muerto bajo custodia durante este año, mientras persiste la necesidad de fortalecer el sistema judicial para reducir la prisión preventiva prolongada y combatir la impunidad.
El problema, sin embargo, trasciende la capacidad policial. La crisis haitiana combina pobreza, debilidad institucional, corrupción, impunidad, tráfico de armas y vínculos entre organizaciones criminales y sectores con poder económico y político.
Uno de los puntos considerados decisivos es frenar el ingreso ilegal de armas y municiones. El embargo internacional vigente busca precisamente limitar el abastecimiento de las organizaciones criminales, pero su efectividad depende de la capacidad para controlar las rutas utilizadas por las pandillas.
La magnitud del desafío quedó reflejada durante el primer semestre de 2026, cuando ya habían muerto más de 3.050 personas y otras 1.400 habían resultado heridas. Parte importante de las víctimas también se produjo durante operaciones de las fuerzas de seguridad, incluidas acciones con drones explosivos, que han generado cuestionamientos por las bajas civiles.
El escenario mantiene a Haití atrapado en una crisis que ya no se limita a recuperar barrios controlados por las pandillas en Puerto Príncipe. El desafío ahora incluye impedir que las organizaciones criminales consoliden corredores y territorios rurales, reconstruir instituciones estatales prácticamente ausentes en algunas zonas y generar alternativas económicas y sociales para una población que lleva años sometida a la violencia.
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