
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, con 13 votos a favor y ninguno en contra, el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que busca contener las alzas de los precios de las gasolinas y el petróleo diésel, además de entregar alivio financiero a las empresas de transporte.
La iniciativa, que fue presentada con urgencia de discusión inmediata, contempla un conjunto de medidas excepcionales y transitorias para limitar el precio de los combustibles hasta abril de 2027. Su impacto fiscal estimado alcanza cerca de $820.000 millones, aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, precisó que el desembolso efectivo sería considerablemente menor.
Tras la votación, el proyecto quedó en condiciones de continuar su tramitación legislativa en la Sala de la Cámara Baja.
¿Qué medidas contempla el proyecto?
Uno de los principales puntos de la iniciativa es establecer un techo para los precios de las gasolinas y el diésel, tomando como referencia los valores vigentes al 5 de noviembre de 2026.
En el caso de las gasolinas, el precio no podrá superar el nivel registrado en esa fecha, mientras que para el diésel se establece un límite de $100 por litro por debajo de ese valor.
La medida comenzará a regir con el primer decreto que se publique tras la entrada en vigencia de la ley y se extenderá hasta el 7 de abril de 2027. Desde el día siguiente, volverán a aplicarse las reglas habituales del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO).
El proyecto también modifica el tratamiento tributario de los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico a los combustibles para las empresas de transporte de carga. Estos podrán acumularse y compensarse con créditos de períodos posteriores, en lugar de tener que ser restituidos mensualmente, lo que busca aliviar sus problemas de liquidez.
Asimismo, durante 2027 se incrementarán los porcentajes de recuperación del impuesto específico al diésel para los transportistas de carga, de acuerdo con sus ingresos anuales:
- 90% para quienes registren ingresos de hasta 6.000 UF
- 65% para aquellos que superen ese monto y no excedan las 20.000 UF
- 50% para las empresas con ingresos superiores a ese último tramo.
A lo anterior se suma un aumento del reintegro de peajes para las empresas de transporte público rural, interurbano e internacional de pasajeros, que pasará del 35% al 70% durante 2027. También se establece un crédito tributario para estas compañías, equivalente al mecanismo de recuperación del impuesto específico al diésel.
El costo fiscal de la iniciativa
Durante la discusión, el jefe de Estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Mauricio Carrasco, explicó que cerca del 90% del costo del proyecto está asociado a las medidas aplicadas mediante el MEPCO.
Por su parte, el ministro Jorge Quiroz sostuvo que el desembolso efectivo de la iniciativa alcanzaría aproximadamente los $240.000 millones: $127.000 millones durante lo que resta de 2026 y otros $113.000 millones en 2027.
El secretario de Estado explicó que la cifra cercana a los $820.000 millones considera principalmente ingresos fiscales que el Estado dejaría de percibir en un escenario hipotético en que se cobrara íntegramente el impuesto específico a los combustibles.
En ese sentido, defendió que el gasto efectivo sería equivalente a 0,03 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que, a su juicio, las medidas no comprometerían el proceso de consolidación fiscal del Gobierno.
Finalmente, el informe establece que el mayor gasto fiscal del primer año de aplicación será financiado con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público.
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