El Gobierno de Venezuela rechazó la decisión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de extender por otros dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, encargada de investigar graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el país.
La delegación venezolana ante Naciones Unidas afirmó que no respalda la renovación del mandato y sostuvo que los mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos deben “acompañar y complementar las capacidades nacionales, no sustituirlas”.
Caracas reconoció que la resolución aprobada incorpora modificaciones respecto de textos anteriores y reduce algunos de los puntos que el Gobierno venezolano consideraba especialmente conflictivos. Sin embargo, insistió en que ha llegado el momento de terminar con mecanismos de escrutinio creados sin el consentimiento del Estado investigado.
La representación venezolana aseguró que esta posición no significa abandonar el diálogo con Naciones Unidas. Por el contrario, afirmó que el país continuará participando en los mecanismos universales de Derechos Humanos y que busca avanzar hacia fórmulas de cooperación que permitan obtener resultados “concretos, sostenibles y construidos en conjunto”.
Caracas apuesta por cooperación con la oficina de Derechos Humanos
En paralelo, Venezuela confirmó la reanudación de la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Según la delegación venezolana, este nuevo proceso contempla una transición hacia un modelo centrado en el diálogo, la cooperación y la asistencia técnica, alternativa que Caracas considera más adecuada que la continuidad de una misión independiente dedicada específicamente a investigar responsabilidades por violaciones de Derechos Humanos.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 y desde entonces ha presentado sucesivos informes sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y persecución política.
Sus investigaciones han puesto especial atención en las actuaciones de los organismos de seguridad e inteligencia venezolanos y en la eventual existencia de cadenas de mando y responsabilidades de altos funcionarios del Estado.
En informes anteriores, la misión ha sostenido que algunas de las violaciones investigadas presentan características que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, una conclusión rechazada reiteradamente por el Gobierno venezolano.
Organizaciones celebran la renovación
La decisión del Consejo de Derechos Humanos fue recibida de manera muy distinta por organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, valoró la continuidad del mecanismo y sostuvo que mantener el escrutinio internacional resulta relevante para impulsar una eventual transición democrática centrada en la dignidad humana, la justicia y la reconstrucción institucional.
Cofavic también destacó la renovación del mandato y la vinculó con la lucha contra la impunidad y la necesidad de garantizar mecanismos efectivos de rendición de cuentas por las violaciones cometidas en Venezuela.
La controversia se produce mientras la situación venezolana continúa bajo observación internacional. Durante los últimos años, organismos multilaterales y organizaciones de Derechos Humanos han documentado denuncias por detenciones de opositores, restricciones a las libertades políticas y de expresión y actuaciones de los cuerpos de seguridad.
A ello se suma la investigación que mantiene abierta la Corte Penal Internacional sobre Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. El proceso constituye un frente distinto de la misión de Naciones Unidas, aunque ambos han situado en el centro del debate internacional la responsabilidad de agentes estatales y la capacidad del sistema judicial venezolano para investigar y sancionar posibles abusos.
Con la nueva resolución, la Misión de Determinación de los Hechos podrá continuar durante otros dos años recopilando antecedentes, identificando patrones de violaciones y examinando eventuales responsabilidades, pese al rechazo del Gobierno de Caracas.
ONU renueva por dos años misión que investiga violaciones a los DDHH en Venezuela
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