
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional, una iniciativa que abre el sector a la inversión privada nacional e internacional y establece un nuevo marco regulatorio para modernizar la infraestructura energética del país.
La normativa, aprobada previamente por la Asamblea Nacional, contempla la participación de empresas privadas en distintas actividades del sistema eléctrico, junto con incentivos tributarios destinados a atraer capital y estimular nuevos proyectos.
Durante la Expo Venezuela Energética Capítulo Oriente 2026, celebrada este jueves, Rodríguez sostuvo que la reforma permitirá incorporar inversiones privadas a la generación de electricidad, con el propósito de responder al aumento de la demanda y fortalecer la capacidad de suministro.
La mandataria vinculó esta necesidad con la expansión de la actividad económica y las elevadas temperaturas asociadas al fenómeno climático de El Niño, que incrementan el consumo energético.
Nuevo organismo regulador
Uno de los principales cambios es la creación de la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, organismo adscrito al Ministerio de Energía Eléctrica que tendrá funciones de regulación, supervisión e inspección de los operadores públicos y privados.
La reforma contempla la participación privada en generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, aunque las condiciones específicas de operación dependerán de su implementación reglamentaria.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, destacó que la legislación incorpora disposiciones para promover la autogeneración eléctrica en la industria de los hidrocarburos.
Esta modalidad permitiría que las instalaciones petroleras produzcan parte de la electricidad que consumen, disminuyendo su dependencia de la red nacional y liberando capacidad para otros usuarios.
Una respuesta a la crisis eléctrica
La apertura al capital privado representa un cambio significativo para un sector históricamente dominado por el Estado venezolano.
En 2007, durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela inició un proceso de reorganización y nacionalización de empresas eléctricas que culminó con la consolidación de buena parte del sistema bajo la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Desde entonces, el país ha enfrentado dificultades asociadas al deterioro de infraestructura, insuficiente mantenimiento, problemas de transmisión y limitaciones para financiar nuevas inversiones.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo de 2019, cuando un apagón masivo dejó amplias zonas del territorio venezolano sin suministro eléctrico durante varios días, afectando hospitales, comunicaciones, transporte y actividades productivas.
Los problemas de abastecimiento han persistido especialmente en regiones alejadas de Caracas, donde las interrupciones del servicio han perjudicado a hogares, industrias y establecimientos comerciales.
En este contexto, la nueva legislación busca atraer recursos para recuperar instalaciones existentes, ampliar la capacidad de generación y mejorar las redes de distribución.
Sin embargo, la efectividad de la reforma dependerá de las condiciones ofrecidas a los inversionistas, la seguridad jurídica, los mecanismos tarifarios y la capacidad de recuperar los recursos comprometidos en nuevos proyectos.
Petróleo y diversificación económica
Durante la promulgación, Rodríguez defendió la transición hacia un modelo económico diversificado que reduzca la dependencia histórica de Venezuela de los ingresos petroleros.
La mandataria planteó avanzar hacia una economía que no dependa exclusivamente de la renta de los hidrocarburos, aunque reconoció la importancia estratégica de esa industria para financiar el desarrollo nacional.
En ese contexto, situó la producción venezolana de petróleo en 1.269.000 barriles diarios, de los cuales 730.000 procederían de la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las mayores reservas de crudo pesado del mundo.
También afirmó que la economía venezolana registró un crecimiento del 7,42% al cierre del tercer trimestre de 2026.
Ambas cifras corresponden a los datos presentados por el Ejecutivo venezolano y requieren contrastarse con estadísticas independientes para establecer su alcance definitivo.
La reforma eléctrica se inscribe en una estrategia más amplia de apertura a la inversión privada en sectores considerados fundamentales para la recuperación económica.
Para Venezuela, disponer de un sistema eléctrico confiable resulta especialmente importante para impulsar la actividad petrolera, la producción industrial, la minería y el comercio.
La nueva legislación constituye así un intento de combinar la supervisión estatal con la participación de capital privado, en un país donde la recuperación del suministro eléctrico sigue siendo uno de los principales desafíos para el crecimiento económico.
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