
El Senado de Argentina aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que restablece los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y refuerza las garantías legales para los propietarios frente a eventuales expropiaciones.
La normativa obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra, luego de que la Cámara Alta aceptara las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, dando así sanción definitiva al proyecto.
La decisión representa un cambio significativo respecto de las medidas de liberalización económica promovidas por el presidente Javier Milei, cuyo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 había contemplado la derogación de las restricciones a la compra de tierras por capitales extranjeros.
Vuelve el límite del 15% para extranjeros
Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es la restitución de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, aprobada en 2011.
Esta normativa establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden superar el 15% de la titularidad o posesión de tierras rurales, tanto a escala nacional como provincial y municipal, según corresponda.
Además, fija restricciones adicionales para evitar la concentración de grandes extensiones agrícolas en manos de un mismo propietario extranjero.
Entre ellas figura un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, una de las regiones más productivas de Argentina. Para otras áreas, la legislación contempla equivalencias determinadas por las características y la capacidad productiva de los terrenos.
La ley también establece restricciones especiales para determinados inmuebles rurales que contienen o limitan con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
El texto aprobado incorpora dos disposiciones fundamentales. El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mientras que el artículo 39 restablece expresamente la vigencia de la Ley 26.737.
Un conflicto que llegó a la Justicia
La discusión sobre la propiedad rural extranjera se convirtió en uno de los principales focos de controversia desde que Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023.
El mandatario incluyó la derogación de la Ley de Tierras dentro de su amplio programa de desregulación económica, argumentando que la eliminación de restricciones permitiría atraer inversiones y dinamizar el mercado inmobiliario rural.
Sin embargo, la medida encontró resistencia entre sectores políticos, organizaciones sociales y agrupaciones vinculadas a la defensa de la soberanía territorial.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata impulsó una acción judicial para impedir la derogación, dando inicio a una disputa que atravesó distintas instancias judiciales.
Durante septiembre de 2026, la controversia experimentó nuevos giros, luego de decisiones judiciales relacionadas con la legitimación de los demandantes y la aplicación provisional del decreto presidencial.
Posteriormente, una nueva acción presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, de Bariloche, permitió mantener suspendidos temporalmente los efectos de la derogación mientras continuaba la discusión judicial.
La aprobación parlamentaria busca resolver el conflicto mediante una disposición legislativa expresa, aunque su aplicación definitiva queda sujeta a la promulgación y publicación de la nueva ley.
Mayores garantías frente a expropiaciones
La legislación también introduce cambios relevantes en el régimen de protección de la propiedad privada.
Entre sus principales disposiciones, establece exigencias más estrictas para que el Estado pueda disponer una expropiación.
El procedimiento deberá contar con una declaración específica de utilidad pública y contemplar una indemnización previa calculada sobre la base del valor de mercado del inmueble.
El texto también incorpora el lucro cesante dentro de los conceptos considerados para determinar la compensación económica.
Estas modificaciones apuntan a reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y limitar la discrecionalidad estatal en los procedimientos de expropiación.
Una nueva negociación política para Milei
La aprobación de la ley refleja las dificultades del Gobierno argentino para sostener algunas de sus reformas originales frente a la oposición parlamentaria.
El oficialismo optó por aceptar la restitución de los límites a la propiedad rural extranjera para preservar otros aspectos de la iniciativa vinculados con la protección de la propiedad privada.
La decisión también evidencia la tensión entre dos objetivos que han marcado el debate económico argentino: la apertura a las inversiones internacionales y la protección de recursos territoriales considerados estratégicos.
La discusión adquiere especial relevancia en regiones como la Patagonia, donde la adquisición de grandes extensiones de tierras por inversionistas extranjeros ha generado controversias durante décadas.
Con la sanción del Senado, Argentina vuelve a establecer un marco legal restrictivo para la extranjerización de tierras rurales, mientras mantiene nuevas garantías para los propietarios frente a eventuales intervenciones del Estado.
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