
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidirá en diciembre sobre la constitucionalidad de la denominada Ley de Dosimetría, una controvertida legislación que permite reducir las condenas impuestas a los responsables del intento de golpe de Estado que culminó con el asalto a las instituciones democráticas de Brasilia el 8 de enero de 2023.
La resolución podría modificar sustancialmente la situación penitenciaria del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su participación en la trama golpista, así como la de antiguos ministros y altos mandos militares involucrados en los hechos.
El tribunal fijó entre el 4 y el 15 de diciembre el período de votación de un pleno virtual en el que sus magistrados deberán pronunciarse sobre cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la legislación, cuya aplicación permanece suspendida desde mayo.
Las impugnaciones fueron promovidas por la Asociación Brasileña de Prensa y distintas agrupaciones políticas de izquierda y centroizquierda, entre ellas el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Rede Sustentabilidade y el Partido Democrático Laborista (PDT).
Una ley que divide a Brasil
La Ley de Dosimetría fue aprobada por el Congreso en diciembre de 2025, pero recibió el veto total del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se opuso a modificar las sanciones establecidas contra los responsables del ataque al orden constitucional.
Sin embargo, el Congreso revirtió posteriormente el veto presidencial y la legislación fue promulgada en mayo de 2026 por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre.
Pocos días después, el magistrado Alexandre de Moraes, encargado de las investigaciones sobre el intento golpista, suspendió su aplicación mientras se resolvían los cuestionamientos constitucionales.
La controversia enfrenta a quienes consideran que las condenas impuestas fueron desproporcionadas y a quienes sostienen que reducirlas debilitaría la respuesta institucional frente a los ataques contra la democracia.
Esta semana, Alcolumbre y el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, mantuvieron una reunión con Moraes para solicitar avances en la resolución judicial.
Bolsonaro podría acceder a semilibertad en 2027
La principal consecuencia de una eventual validación de la ley sería una reducción considerable del tiempo que Bolsonaro debe permanecer en prisión bajo régimen cerrado.
De acuerdo con las estimaciones jurídicas conocidas hasta ahora, el período de encarcelamiento efectivo en ese régimen podría disminuir de aproximadamente siete años a dos años y tres meses.
Considerando el tiempo que ya habría cumplido, el expresidente podría acceder a un régimen de semilibertad hacia finales de 2027, aunque cualquier modificación dependerá de la decisión del Supremo y de los cálculos penitenciarios correspondientes.
La medida no supondría la anulación de su condena ni una absolución, sino una modificación de las condiciones y los plazos de cumplimiento de la pena.
Entre los eventuales beneficiarios también figuran el general Walter Braga Netto, exministro de Defensa y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2022, y Anderson Torres, exministro de Justicia y antiguo secretario de Seguridad del Distrito Federal.
El asalto de Brasilia y sus consecuencias
El proceso judicial tiene su origen en los acontecimientos del 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios de Bolsonaro irrumpieron violentamente en las sedes del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal.
Los ataques ocurrieron una semana después de la investidura de Lula da Silva y estuvieron precedidos por una campaña de cuestionamientos al resultado de las elecciones presidenciales de octubre de 2022.
Las investigaciones posteriores permitieron identificar una trama destinada a impedir la transición democrática y mantener a Bolsonaro en el poder pese a su derrota electoral.
El expresidente fue condenado por delitos relacionados con organización criminal armada, intento de golpe de Estado, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho y daños contra bienes públicos y patrimonio protegido.
El caso profundizó la polarización política brasileña y convirtió al Supremo Tribunal Federal en uno de los principales protagonistas del enfrentamiento entre el bolsonarismo y las instituciones judiciales.
Una decisión con impacto político
El pronunciamiento de diciembre tendrá consecuencias que trascienden la situación personal del expresidente.
La oposición conservadora ha cuestionado reiteradamente la actuación de Alexandre de Moraes y ha promovido iniciativas para impulsar procesos de destitución contra magistrados del Supremo.
Una eventual validación de la Ley de Dosimetría podría disminuir parte de esa presión institucional, aunque también abriría un nuevo debate sobre el alcance de las sanciones contra quienes participaron en el intento de ruptura democrática.
Para el gobierno de Lula, la discusión representa otro capítulo de la disputa por la memoria y las consecuencias políticas del asalto de 2023.
La decisión del STF determinará si las penas establecidas contra los principales responsables de la trama golpista se mantienen bajo las condiciones actuales o si podrán ser revisadas mediante el nuevo marco legal.
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