
La Organización de Naciones Unidas (ONU) enfrenta una negociación decisiva para establecer límites internacionales al desarrollo y utilización de los llamados “robots asesinos”, sistemas de armamento dotados de inteligencia artificial y otras tecnologías que pueden identificar, seleccionar y atacar objetivos con distintos grados de autonomía.
Las conversaciones, que se desarrollan este viernes 20 de noviembre en Ginebra, buscan abrir un proceso formal de negociación sobre estas tecnologías militares, cuyo avance ha generado preocupación por sus consecuencias humanitarias, jurídicas y éticas.
Sin embargo, las diferencias entre las principales potencias militares amenazan con impedir un consenso.
Estados Unidos y Rusia se encuentran entre los países más reticentes a establecer nuevas prohibiciones internacionales, mientras que otros gobiernos defienden la necesidad de garantizar que las decisiones sobre el uso de fuerza letal permanezcan bajo control humano.
Rusia ha obstaculizado la aprobación de una agenda de trabajo que permitiría una mayor participación de la Unión Europea y otros Estados observadores. Washington, por su parte, ha defendido que la regulación de estos sistemas debe mantenerse fundamentalmente bajo responsabilidad de cada país.
Israel, India y Reino Unido también han manifestado reservas respecto de determinadas propuestas de restricciones vinculantes, aunque sus posiciones no son idénticas.
Guterres advierte sobre los riesgos
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha reiterado la urgencia de alcanzar un acuerdo que impida delegar completamente en máquinas las decisiones sobre la vida y la muerte.
El máximo responsable de la organización considera que los sistemas capaces de operar sin un control humano adecuado plantean desafíos inéditos para el derecho internacional humanitario y la seguridad mundial.
Guterres ha calificado estas armas de “políticamente inaceptables y moralmente repugnantes” y ha pedido a los gobiernos actuar antes de que su utilización se extienda.
La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, también ha advertido que los Estados tienen la responsabilidad de impedir que el futuro de los conflictos armados quede en manos de máquinas.
¿Qué son los robots asesinos?
Los sistemas de armas autónomas letales, conocidos internacionalmente como LAWS, son dispositivos militares que, una vez activados, pueden seleccionar y atacar objetivos sin requerir necesariamente una autorización humana individual para cada acción.
Entre las tecnologías relacionadas con este debate se encuentran drones autónomos, sistemas de defensa automatizados y plataformas terrestres capaces de identificar objetivos mediante sensores y algoritmos.
No obstante, no todos los drones ni todos los sistemas que incorporan inteligencia artificial son armas autónomas letales. La distinción fundamental está en el grado de intervención humana necesario para seleccionar y atacar un objetivo.
Una de las principales preocupaciones es determinar quién asume la responsabilidad cuando un sistema autónomo comete un error, ataca a civiles o incumple las normas internacionales aplicables a los conflictos armados.
Trece años de conversaciones sin un tratado
El debate internacional sobre estas armas comenzó formalmente en 2013, cuando los Estados participantes en la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales decidieron abordar los desafíos asociados a las tecnologías autónomas.
Desde entonces, las conversaciones han permitido identificar riesgos y posibles mecanismos de control, pero todavía no existe un tratado internacional específico que prohíba o limite de manera vinculante estos sistemas.
En septiembre de 2026, un grupo de expertos gubernamentales concluyó tres años de trabajo y aprobó un documento con elementos que podrían servir de base para futuras negociaciones.
La actual conferencia, celebrada entre el 16 y el 20 de noviembre, reúne a los 128 Estados parte de la Convención y constituye una oportunidad para transformar esos avances técnicos en compromisos internacionales.
Austria, Bélgica, Brasil, Irlanda, México, Nueva Zelanda y Panamá presentaron el 18 de noviembre una propuesta para iniciar negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones específicas.
La iniciativa contrasta con la posición estadounidense, que favorece un proceso de cinco años orientado a elaborar directrices no obligatorias.
La presidencia de la conferencia ha planteado, en cambio, un mandato de dos años para negociar un protocolo vinculante.
Alemania, Francia y Reino Unido han respaldado una fórmula intermedia que permita comenzar las conversaciones sin definir anticipadamente si el resultado tendrá carácter obligatorio.
La utilización creciente de tecnologías militares asistidas por inteligencia artificial en Ucrania, Sudán y Medio Oriente ha intensificado las preocupaciones internacionales.
En estos conflictos se han empleado drones y otros sistemas con distintos niveles de automatización, aunque su utilización no implica necesariamente que todas las decisiones de ataque se ejecuten sin intervención humana.
El avance tecnológico también ha abierto una competencia entre potencias militares para desarrollar sistemas capaces de reaccionar con mayor rapidez, procesar grandes cantidades de información y operar en entornos donde las comunicaciones tradicionales pueden verse interrumpidas.
El principal desafío consiste en compatibilizar estas capacidades con las obligaciones de distinguir entre combatientes y civiles, evaluar la proporcionalidad de los ataques y adoptar precauciones para evitar daños indiscriminados.
Una decisión clave para el futuro de la guerra
La falta de consenso amenaza con postergar nuevamente la elaboración de normas internacionales específicas.
El mecanismo de decisión por consenso de la Convención permite que la oposición de uno o varios Estados impida avanzar hacia un nuevo instrumento.
La discusión también refleja una diferencia de fondo: mientras algunas potencias consideran suficiente aplicar las normas humanitarias existentes, otros gobiernos defienden la necesidad de incorporar prohibiciones expresas y requisitos de control humano.
La ONU había planteado como objetivo alcanzar un instrumento jurídicamente vinculante durante 2026, pero las diferencias diplomáticas han dificultado cumplir ese plazo.
La cuestión central sigue siendo quién debe conservar la última decisión sobre el uso de fuerza letal: una persona o una máquina. El resultado de las negociaciones de Ginebra determinará si los países avanzan hacia nuevas reglas internacionales o prolongan un debate que ya supera una década.
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