A horas de que el Gobierno ingrese al Congreso su reforma constitucional de seguridad, el proyecto enfrenta un escenario político más complejo del que La Moneda anticipó cuando el Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia para anunciar la iniciativa.
El Ejecutivo mantiene en su borrador actualizado 11 modificaciones a la Constitución, pese a los cuestionamientos surgidos desde la oposición y también desde sectores del oficialismo. El texto todavía no había ingresado formalmente al Senado y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha debido enfrentar reparos tanto políticos como técnicos respecto de la amplitud de los cambios propuestos.
Uno de los principales focos de controversia es el nuevo artículo 9 bis que el Gobierno pretende incorporar a la Carta Fundamental. La propuesta establece que una ley de quórum calificado podrá determinar penas y medidas especiales para condenados por crimen organizado y terrorismo, junto con regímenes penitenciarios diferenciados que contemplen restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y acceso a beneficios penitenciarios.
El borrador también dispone que quienes sean condenados por esos delitos queden, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años después de terminada, inhabilitados para acceder a determinadas prestaciones financiadas con recursos estatales vinculadas a derechos de salud, educación, trabajo y seguridad social.
Además, incorpora una inhabilidad perpetua para ejercer cargos o funciones públicas, sean o no de elección popular.
Ese punto ya ha generado resistencias incluso dentro de la administración. Las restricciones a prestaciones sociales, particularmente en materia de salud, han sido cuestionadas y se han convertido en uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta.
Longton: “La Constitución no puede ser un árbol de Pascua”
Las dudas también alcanzaron a parlamentarios de Chile Vamos.
El senador RN Andrés Longton señaló en Radio Pauta que tiene “varios reparos” frente a la propuesta y cuestionó la necesidad de incorporar en la Constitución materias que, a su juicio, podrían abordarse por otras vías.
“Yo creo que hoy día tenemos un estado de emergencia que cumple con la expectativa (…). Por lo tanto creo que la Constitución no puede ser un árbol de Pascua”, afirmó.
El parlamentario también criticó la restricción de derechos sociales posterior al cumplimiento de una condena.
“Respecto a los Derechos Sociales que se limitarían después de la condena hasta 15 años, me parece un exceso”, sostuvo.
Longton agregó reparos a la idea original de que las Fuerzas Armadas pudieran quedar subordinadas a una autoridad de Orden y Seguridad Pública y señaló que “no es adecuado modificar el artículo 1”.
Aunque el borrador actualizado corrigió parcialmente ese punto, dejando que las zonas bajo el nuevo estado de excepción dependan de “la autoridad que designe” el Presidente de la República, sin exigir que sea una autoridad policial, las dudas no han desaparecido.
El senador RN fue además explícito respecto de la viabilidad parlamentaria del proyecto.
“El Gobierno no tiene asegurados los votos. Hablamos de reformas constitucionales, que son temas mucho más delicados”, advirtió.
Un nuevo estado de excepción de hasta 240 días
Otro de los cambios relevantes es la creación de un estado de excepción de seguridad pública.
En la versión actualizada, podrá declararse “en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada”.
Su duración se amplía desde los 30 días inicialmente considerados a 120 días, prorrogables por otros 120.
Durante su vigencia, el Presidente podría suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión y la libertad de trabajo.
También podría restringir el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, disponer requisiciones de bienes y establecer limitaciones al derecho de propiedad.
La amplitud de esas atribuciones es precisamente uno de los aspectos que ha alimentado los cuestionamientos sobre la conveniencia de elevar a rango constitucional mecanismos que afectan derechos fundamentales.
Registro de organizaciones criminales
El Gobierno también mantiene su propuesta para establecer un mecanismo que permita declarar formalmente determinadas organizaciones como terroristas o vinculadas al crimen organizado.
Según el borrador, el Presidente podrá efectuar esa declaración previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
La decisión no tendrá control judicial directo. Será el Senado el que deberá aprobarla, en sesión secreta y con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio.
La Cámara Alta contará con cinco días para pronunciarse y solo podrá aprobar o rechazar la declaración, sin introducir modificaciones. Si no existe decisión dentro del plazo, la solicitud se entenderá rechazada.
Castro: “El gran olvidado” es seguir el dinero
Desde la oposición, las críticas han apuntado no solo a la amplitud de los cambios constitucionales, sino también a las herramientas que el Gobierno estaría dejando fuera.
El senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que la agenda de seguridad “tuvo un mal debut” y cuestionó que, tras una semana de anuncios, hayan predominado “borradores, desmentidos y opiniones cruzadas, incluso dentro del propio oficialismo”.
Pero su principal crítica fue otra: el secreto bancario.
“Hay un gran olvidado, seguir la ruta del dinero mediante el levantamiento del secreto bancario, que es precisamente donde se puede llegar a los grandes capos del crimen organizado”, afirmó.
El planteamiento de Castro instala una diferencia de enfoque con La Moneda. Mientras el Gobierno concentra buena parte de su propuesta en nuevas herramientas constitucionales, restricciones de derechos, régimen penitenciario y estados de excepción, sectores de la oposición insisten en que una estrategia contra el crimen organizado debe poner mayor énfasis en seguir los flujos financieros y atacar su estructura económica.
UDI también marca distancia
Las dificultades para el Ejecutivo no se limitan a RN.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió que si el Gobierno insiste en una reforma constitucional demasiado amplia, incorporando normas que a su juicio deberían ser de rango legal, los votos de su sector no están garantizados.
Esto abre un problema político relevante para La Moneda: la reforma necesita mayorías superiores a las exigidas para una ley común y, antes siquiera de ingresar formalmente al Congreso, ya existen diferencias dentro de la coalición que respalda al Ejecutivo.
El senador republicano Arturo Squella, en cambio, ha defendido la propuesta y particularmente las restricciones para condenados por delitos violentos, sosteniendo que “se les deben restringir al máximo los derechos”.
Un proyecto que llega sin consenso interno
El escenario previo al ingreso del proyecto refleja una dificultad central para el Gobierno: la discusión ya no enfrenta únicamente a oficialismo y oposición.
Las diferencias atraviesan a la propia base parlamentaria que La Moneda necesita para aprobar la reforma.
RN cuestiona las restricciones sociales y parte de los cambios constitucionales; la UDI advierte que no entregará automáticamente sus votos para una reforma demasiado extensa; mientras desde la oposición se critica que la agenda ponga menos atención en herramientas como el levantamiento del secreto bancario. El PDG, que ha actuado como bisagra en proyectos anteriores, anunció a través de Franco Parisi que sus votos no están disponibles.
El Gobierno mantiene, por ahora, el corazón de su propuesta: 11 reformas constitucionales, un estado de excepción ampliado, restricciones de derechos para condenados por crimen organizado, nuevos regímenes penitenciarios y un mecanismo político para declarar organizaciones criminales o terroristas.
La prueba comenzará cuando el proyecto llegue finalmente al Senado. Y, a diferencia del escenario que rodeó su anuncio, La Moneda deberá iniciar esa discusión sin tener todavía asegurada una mayoría ni siquiera entre todos los parlamentarios de su propio sector.
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