La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile concurrió ante el TC para defender la constitucionalidad de la Ley de Fraccionamiento Pesquero, normativa que redistribuye cuotas de captura entre el sector industrial y artesanal y que actualmente enfrenta un requerimiento impulsado por la empresa pesquera EMDEPES, filial del grupo japonés NISSUI.
La audiencia de admisibilidad de la causa Rol N°17.443-2026-INA se realizó el pasado martes 5 de mayo y contó con la participación de representantes de la empresa requirente, del Consejo de Defensa del Estado, de terceros involucrados y de CONDEPP, organización que representa a más de 60 mil pescadores artesanales del país.
Defensa de la ley
La abogada Victoria Martínez, quien representó al sector artesanal, sostuvo ante el TC que la Ley N°21.752 constituye una política pública legítima y plenamente constitucional, orientada a redistribuir el acceso a recursos naturales de uso público.
“Las autorizaciones de pesca no confieren derechos de propiedad sobre ese recurso; el Estado conserva plenas potestades para regular su aprovechamiento en función del interés general”, señaló Martínez durante los alegatos.
La profesional además citó jurisprudencia previa del propio Tribunal Constitucional, particularmente el denominado “Caso Jibia”, donde se estableció que la actividad pesquera opera bajo un régimen de alto riesgo regulatorio y que no existe derecho adquirido a mantener determinadas condiciones legales de explotación.
El reclamo de la industria
El requerimiento fue presentado por EMDEPES, empresa titular de Licencias Transables de Pesca para merluza del sur y congrio dorado en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.
La compañía sostiene que la nueva legislación redujo sus cuotas de captura de manera equivalente a una expropiación, vulnerando garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad e igualdad ante las cargas públicas. También invoca disposiciones del Tratado Chile-Japón sobre inversiones.
El conflicto judicial se relaciona además con decretos emitidos en 2025 que fijaron las cuotas globales de captura para 2026 aplicando la nueva normativa.
“Un avance histórico”
Desde CONDEPP defendieron la ley como uno de los principales avances legislativos para la pesca artesanal en la última década, recordando que la norma fue aprobada ampliamente en el Congreso Nacional.
La legislación modificó el esquema establecido por la denominada Ley Longueira, que reservaba cerca del 70% de las cuotas de captura al sector industrial.
El presidente de CONDEPP, Hernán Cortés Bernal, afirmó que la organización decidió participar activamente en el proceso judicial debido a la relevancia de la ley para miles de familias vinculadas a la pesca artesanal.
“La Ley de Fraccionamiento vino a subsanar un hecho conocido por toda la ciudadanía, que fue tramitada bajo cohecho, fraude y soborno”, sostuvo Cortés, en referencia a las cuestionadas tramitaciones asociadas a la antigua Ley de Pesca.
El Tribunal Constitucional quedó en condiciones de resolver durante los próximos días si declara admisible total o parcialmente el requerimiento presentado por la empresa pesquera.
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