El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Ernesto Álvarez, planteó la construcción de nuevas cárceles inspiradas en el modelo aplicado por El Salvador como parte de la estrategia del Gobierno de Keiko Fujimori para reducir la sobrepoblación penitenciaria y enfrentar el aumento de la criminalidad.
Álvarez explicó que una de las alternativas contempla levantar establecimientos penitenciarios “tipo hangar”, siguiendo parte de la experiencia salvadoreña, aunque destinados principalmente a personas que no representen un peligro elevado para la sociedad.
La propuesta apunta a separar a los internos según su peligrosidad. Los condenados por delitos de menor gravedad podrían permanecer en establecimientos de mínima seguridad, trabajar durante el día y acceder a beneficios penitenciarios que faciliten posteriormente su reinserción laboral.
Los autores de delitos violentos o de sangre, en cambio, serían recluidos en centros de alta seguridad bajo regímenes considerablemente más estrictos.
“Los grandes penales, los que ya han sido construidos para tener seguridad de alto nivel, esos sí deben albergar a aquellos delincuentes que cometieron delitos de sangre”, sostuvo Álvarez.
El ministro agregó que los presos de mayor peligrosidad no deberían contar con beneficios penitenciarios y planteó restringir severamente las visitas, argumentando que actualmente el sistema no establece una separación suficientemente eficaz entre internos violentos y aquellos que pueden ser objeto de programas de reinserción.
Más de 100 mil presos y un sistema desbordado
La propuesta se produce en momentos en que Perú enfrenta una profunda crisis penitenciaria. A comienzos de 2026, el país tenía 103.777 personas privadas de libertad en 69 establecimientos penitenciarios cuya capacidad conjunta era de apenas 41.764 plazas.
Esto significaba una sobrepoblación cercana al 148%, con más de 62 mil internos por encima de la capacidad disponible del sistema.
La magnitud del problema llevó al Gobierno a aprobar en junio el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, cuyo objetivo es reducir progresivamente la sobreocupación de las cárceles y fortalecer las alternativas de reinserción y asistencia jurídica para los internos.
Álvarez ya había anticipado durante agosto que el Ejecutivo estudiaba construir instalaciones más sencillas para personas condenadas por delitos de menor gravedad, reservando los establecimientos de mayor costo y seguridad para los delincuentes más peligrosos. También había planteado fortalecer los programas de trabajo penitenciario.
El titular de Justicia señaló ahora que algunos gobiernos regionales han ofrecido terrenos para nuevos penales, aunque reconoció las dificultades políticas para instalarlos debido a la resistencia de comunidades que, pese a reclamar mayor seguridad, rechazan la construcción de cárceles en sus territorios.
Entre los proyectos en evaluación mencionó un segundo establecimiento penitenciario en Ica y posibles ampliaciones de cárceles de alta seguridad.
También descartó abandonar Challapalca, el penal de máxima seguridad ubicado en una zona aislada de la provincia de Tarata, en el departamento de Tacna.
“Necesitamos más Challapalcas. Hay que buscar dónde y en qué condiciones”, afirmó.
El modelo Bukele gana espacio en América Latina
La referencia a El Salvador se inscribe en una tendencia política que se ha extendido durante los últimos años por América Latina, donde distintos gobiernos y candidatos han observado las medidas de seguridad implementadas por el presidente Nayib Bukele.
El principal símbolo de esa estrategia es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel inaugurada en 2023 con capacidad declarada para aproximadamente 40 mil internos distribuidos en ocho módulos de máxima seguridad.
Desde 2022, El Salvador ha mantenido un régimen de excepción y una política de encarcelamiento masivo contra las pandillas. Durante 2026, autoridades salvadoreñas cifraron en alrededor de 84 mil las personas detenidas por su vinculación con estructuras criminales desde el inicio de esa estrategia.
El modelo ha adquirido influencia regional. En Brasil distintos dirigentes han promovido la construcción de prisiones inspiradas en el CECOT, mientras que en Colombia también se han anunciado planes de megacárceles y mayores restricciones para presos de alta peligrosidad.
La experiencia salvadoreña, sin embargo, también ha generado controversia. Informes conocidos durante 2026 han advertido que, pese a la existencia del CECOT, el conjunto del sistema penitenciario de El Salvador continúa registrando elevados niveles de hacinamiento. Una estimación correspondiente al cierre de 2025 situó la población penitenciaria en 118.369 personas para un sistema concebido originalmente para 30.864 plazas.
En Perú, Álvarez sostuvo que el aumento de la criminalidad obliga a incrementar la infraestructura tanto para delincuentes primerizos como para presos considerados peligrosos.
El Ejecutivo también pretende impulsar modificaciones al Código Procesal Penal y una reforma del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mediante decretos legislativos que permitan intervenir distintas etapas del sistema penal y carcelario.
La apuesta peruana, por ahora, no contempla replicar íntegramente el esquema salvadoreño, sino adoptar algunos de sus elementos de infraestructura y clasificación penitenciaria, separando los establecimientos destinados a la reinserción de aquellos reservados para delincuentes violentos y organizaciones criminales.
La entrada Perú evalúa construir nuevas cárceles inspiradas en modelo de El Salvador se publicó primero en El Periodista.
