El expresidente de Perú Pedro Castillo reclamó este viernes su liberación, luego de que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria concluyera que su arresto fue arbitrario y recomendara su puesta en libertad.
Castillo calificó el pronunciamiento como una “decisión histórica” que, a su juicio, confirma de manera inequívoca que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano vulneró gravemente sus derechos humanos.
“Fui objeto de una detención arbitraria mientras ejercía el cargo de presidente de la República”, afirmó en una declaración difundida a través de redes sociales.
El exmandatario aseguró que el informe permite conocer cómo funcionarios del sistema judicial y organizaciones políticas habrían actuado ilegalmente para concretar su arresto y posterior destitución.
Según Castillo, durante el procedimiento se vulneró su inmunidad presidencial y se construyó una supuesta situación de flagrancia vinculada a un “alzamiento en armas” que, afirmó, nunca ocurrió.
“El mundo conoce ahora los hallazgos contenidos en esta opinión y puede observar cómo los funcionarios del sistema de justicia y las organizaciones políticas que maquinaron mi arresto y mi inmediata destitución actuaron de forma totalmente ilegal”, sostuvo.
Castillo pidió a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos y a las instituciones judiciales peruanas que acaten de inmediato la recomendación de Naciones Unidas.
Advirtió que ignorar el pronunciamiento colocaría al Estado peruano en una situación de “abierta rebeldía” y de incumplimiento del derecho internacional.
El expresidente cumple una condena de 11 años de prisión por el delito de rebelión, relacionada con el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022 y convocar a una asamblea constituyente.
Castillo adoptó esas medidas en medio de una prolongada confrontación con el Poder Legislativo, al que acusaba de bloquear las iniciativas de su gobierno.
Además de esta condena, el exmandatario enfrenta otro proceso por presuntos delitos de corrupción y por el supuesto liderazgo de una organización criminal.
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