«Podemos ver que ya el 90 por ciento de los capos los hemos capturado», afirmó el mandatario, quien también destacó una reducción de dos dígitos en los homicidios y avances económicos que, a su juicio, demuestran los resultados de su administración.

Noboa sostuvo que las organizaciones criminales están perdiendo capacidad operativa y financiera debido a las detenciones de sus principales dirigentes y a las acciones contra las redes de distribución de drogas y armamento.

«Las cifras sí lo dicen y se está intensificando la lucha», señaló al ser consultado sobre el debilitamiento de las mafias.

Sin embargo, el mandatario no precisó el número total de cabecillas considerados en el cálculo del 90%, ni detalló los criterios utilizados para elaborar esa estimación.

Exautoridades vinculadas al narcotráfico

Uno de los casos destacados por Noboa fue la captura en Panamá del exalcalde de Manta, Jaime Estrada Bonilla, y de su hijo, el exparlamentario Jaime Estrada Medranda, quienes enfrentan un proceso de extradición a Estados Unidos.

Ambos figuran en una acusación presentada ante la justicia federal del Distrito Sur de Nueva York, junto con otras tres personas, entre ellas Jacobo Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram.

Los acusados enfrentan cargos relacionados con una presunta conspiración para traficar cocaína, además de delitos vinculados con armas de fuego y distribución ilegal de armamento automático.

De acuerdo con los antecedentes judiciales descritos por el mandatario, la organización habría operado durante más de una década, coordinando el envío de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La investigación también apunta a una red de abastecimiento de armas que habría facilitado el acceso de organizaciones criminales ecuatorianas a armamento de alto poder.

Noboa mencionó específicamente a Los Choneros, Los Tiburones y los Chone Killers, organizaciones vinculadas con la disputa territorial por rutas de narcotráfico y el control de actividades ilícitas.

Las imputaciones permanecen sujetas al proceso judicial y no constituyen condenas contra los involucrados.

Más de 3.600 homicidios en Manabí

El mandatario advirtió que el tráfico de armas representa una de las principales amenazas para la seguridad nacional, debido a su relación con el aumento de los asesinatos y los enfrentamientos entre bandas.

Según las cifras que presentó, desde 2022 se han registrado más de 3.600 homicidios en la provincia de Manabí, una de las zonas más afectadas por la violencia criminal.

Noboa relacionó la proliferación de armas largas con la expansión de organizaciones delictivas en provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Elena.

También recordó el asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, ocurrido en julio de 2023, como ejemplo de la violencia que ha golpeado a autoridades locales.

El presidente insistió en que combatir el narcotráfico no consiste únicamente en decomisar drogas, sino también en desarticular las redes económicas, logísticas y políticas que permiten el funcionamiento de las organizaciones criminales.

Gobierno destaca caída de homicidios

Noboa presentó además los resultados de un reciente toque de queda aplicado durante diez días en cinco provincias, que permitió la detención de más de 2.600 personas.

Según el balance presidencial, durante ese período se registraron 178 homicidios en Ecuador, frente a 342 contabilizados en los mismos diez días del año anterior.

La disminución equivale a 164 víctimas menos respecto del período comparable, aunque los resultados de diez días no permiten determinar por sí solos si la reducción será sostenida.

Una crisis de seguridad prolongada

Ecuador enfrenta desde hace varios años una profunda crisis de seguridad, marcada por la expansión del narcotráfico, la violencia carcelaria, las extorsiones y los asesinatos vinculados con disputas entre organizaciones criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno tras una serie de ataques, motines penitenciarios y hechos violentos que incluyeron la irrupción de hombres armados en un canal de televisión de Guayaquil.

Desde entonces, su administración ha recurrido a estados de excepción, operaciones militares y policiales, controles penitenciarios y medidas extraordinarias para enfrentar a las bandas.

Uno de los principales golpes contra estas estructuras fue la recaptura, en junio de 2025, de José Adolfo Macías Villamar, conocido como Fito, líder de Los Choneros, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos.

Pese a las operaciones de seguridad, Ecuador continúa enfrentando el desafío de impedir que las capturas de dirigentes criminales provoquen nuevas disputas entre facciones por el control de los territorios y las rutas del narcotráfico.

El Gobierno sostiene que la estrategia está dando resultados, mientras el desafío sigue siendo traducir las detenciones y los operativos extraordinarios en una reducción permanente de la violencia.