La investigación apunta a ABC, CBS, CNN, Fox y NBC, que acordaron interrumpir brevemente su cobertura de las actividades presidenciales en solidaridad con tres organizaciones periodísticas a las que la administración republicana había retirado sus credenciales de acceso.
La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, comunicó a CBS News que la División Antimonopolio está examinando si la actuación conjunta de las cadenas constituye una infracción de la Ley Sherman, principal legislación federal estadounidense contra las prácticas que restringen la competencia.
«Los miembros del grupo de prensa televisiva han boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca. Los boicots colectivos entre competidores comerciales pueden infringir la Ley Sherman», señaló Covington en una comunicación dirigida a la cadena.
La investigación se encuentra en una fase preliminar y, hasta ahora, no supone que las empresas involucradas hayan cometido una infracción.
El origen del conflicto
La controversia comenzó a mediados de septiembre, cuando Trump decidió revocar las credenciales de los corresponsales de CNN, MSNOW y Politico, argumentando que estas organizaciones difundían informaciones falsas.
La Casa Blanca cuestionó específicamente publicaciones relacionadas con la construcción de un nuevo salón de baile en el complejo presidencial, la guerra con Irán y la convención republicana vinculada a las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Según la administración, determinados contenidos representaban una amenaza para la seguridad nacional y vulneraban las normas de profesionalismo y decoro exigidas a los periodistas acreditados.
La decisión provocó una reacción de las principales cadenas televisivas, que anunciaron una suspensión coordinada de su cobertura como expresión de solidaridad con los medios afectados.
En una declaración conjunta, las cinco empresas defendieron el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente y rechazaron que las autoridades puedan excluir a organizaciones periodísticas por sus posiciones editoriales.
La justicia ordena restituir las credenciales
Los medios afectados recurrieron a los tribunales federales y obtuvieron una medida cautelar del juez Timothy Kelly, quien ordenó restablecer temporalmente sus acreditaciones.
El magistrado prorrogó la resolución hasta el martes 13 de octubre, mientras continúa examinando los argumentos presentados por las partes.
Sin embargo, pese a la intervención judicial, la administración mantiene restricciones de acceso para corresponsales de CNN y Politico a determinadas actividades presidenciales, entre ellas encuentros en el Despacho Oval y desplazamientos a bordo del avión presidencial Air Force One.
La situación plantea una controversia sobre los límites de las facultades del Ejecutivo para regular el acceso de los periodistas a instalaciones oficiales y sobre la protección constitucional de la libertad de prensa.
Una disputa que enfrenta competencia económica y libertad de prensa
La Ley Sherman, aprobada en 1890, prohíbe determinados acuerdos entre empresas que restrinjan injustificadamente la competencia en el mercado estadounidense.
Su aplicación al sector de las comunicaciones podría adquirir especial relevancia si las autoridades consideran que una suspensión coordinada de actividades informativas constituye un boicot comercial entre competidores.
No obstante, el caso presenta una particularidad: las cadenas sostienen que su decisión no perseguía obtener ventajas económicas ni perjudicar a otros operadores del mercado, sino expresar una posición común frente a restricciones gubernamentales que consideran incompatibles con el ejercicio del periodismo.
El conflicto podría obligar a los tribunales a examinar la relación entre las normas de competencia y las garantías de libertad de expresión reconocidas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Una acción conjunta de protesta no constituye automáticamente una infracción antimonopolio. Para establecer responsabilidades será necesario determinar la naturaleza del acuerdo, sus efectos sobre la competencia y las protecciones constitucionales aplicables.
Trump profundiza su enfrentamiento con los medios
Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha mantenido una relación conflictiva con diversas organizaciones periodísticas, a las que acusa recurrentemente de difundir noticias falsas y de desarrollar una cobertura políticamente sesgada de su administración.
Las disputas por las acreditaciones, el acceso a actividades oficiales y el tratamiento informativo de las decisiones presidenciales se han convertido en uno de los puntos de fricción entre el Gobierno y los medios.
El nuevo episodio ocurre, además, en medio de una creciente tensión internacional por la guerra con Irán y sus consecuencias para Medio Oriente, un escenario en el que el acceso independiente a información gubernamental adquiere especial relevancia.
La investigación antimonopolio abre así un segundo frente judicial, paralelo al litigio por las acreditaciones, que podría tener consecuencias para la relación entre el poder político y las principales empresas informativas de Estados Unidos.
Por ahora, el interrogante central es si la coordinación entre cadenas constituyó una conducta comercial contraria a la libre competencia o una manifestación colectiva de protesta amparada por la libertad de expresión.
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