Un tribunal federal de Estados Unidos ordenó la suspensión temporal del fondo de US$1.800 millones impulsado por la administración del presidente Donald Trump para compensar a personas que aseguran haber sido víctimas de persecución judicial con motivaciones políticas durante el gobierno anterior.
La jueza federal Leonie Brinkema dictó una resolución que impide al Departamento de Justicia continuar con cualquier acción relacionada con la creación, administración o funcionamiento del programa mientras analiza una solicitud para bloquearlo de manera permanente.
La medida prohíbe transferir recursos al fondo, procesar solicitudes de compensación y realizar pagos a potenciales beneficiarios, con el objetivo de evitar desembolsos que posteriormente no puedan revertirse.
La acción judicial fue presentada por el exfiscal federal Andrew Floyd, quien participó en investigaciones relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y posteriormente fue desvinculado de sus funciones. A la demanda se sumaron Jonathan Caravello, profesor universitario de California detenido durante una protesta migratoria, además de diversas organizaciones civiles.
Los demandantes sostienen que el fondo carece de base legal y cuestionan la facultad del Ejecutivo para destinar recursos públicos a indemnizaciones de esta naturaleza.
A esta ofensiva judicial se agregaron también Harry Dunn y Daniel Hodges, exfuncionarios policiales que defendieron el Capitolio durante los disturbios de 2021. Ambos argumentan que el mecanismo podría terminar beneficiando a personas involucradas en la insurrección contra el Congreso estadounidense.
La iniciativa surgió luego de un acuerdo extrajudicial relacionado con una demanda presentada por Eric Trump y la Organización Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS), tras la filtración de declaraciones tributarias correspondientes a los años 2019 y 2020.
Aunque el acuerdo estableció que los demandantes no recibirían compensaciones económicas directas, el Departamento de Justicia anunció posteriormente la creación del fondo con el argumento de atender reclamos de personas que habrían sido objeto de abusos o actuaciones ilegales por parte de organismos estatales.
La decisión definitiva sobre la legalidad del programa quedará ahora en manos de la justicia federal, que deberá resolver si la suspensión temporal se transforma en una medida permanente.
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