El Gobierno venezolano y sectores de la oposición se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo para trasladar a Estados Unidos unas 31 toneladas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV), actualmente depositadas en las bóvedas del Banco de Inglaterra y cuyo valor se estima en aproximadamente US$4.000 millones.
La fórmula que se negocia contempla que las reservas sean transferidas desde Londres hasta el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en una operación que podría cerrar uno de los litigios internacionales más prolongados y simbólicos de la crisis política venezolana.
El entendimiento otorgaría al Ejecutivo encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez la titularidad legal sobre las reservas, pero con restricciones importantes. Caracas no podría disponer libremente del metal ni venderlo de inmediato en los mercados internacionales.
En cambio, las reservas podrían ser utilizadas como garantía para obtener financiamiento o respaldar emisiones de deuda soberana. Parte de esos recursos podría destinarse a financiar gasto público y las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas por los fuertes terremotos registrados en junio pasado.
La oposición venezolana ha planteado que cualquier traslado debe contemplar mecanismos de supervisión que impidan que las autoridades tengan acceso directo e irrestricto al oro. La eventual custodia estadounidense aparece así como una fórmula intermedia: reconoce jurídicamente al BCV como propietario de las reservas, pero establece controles sobre su utilización.
Una disputa que comenzó en 2019
El conflicto por el oro venezolano se remonta a 2019, cuando Estados Unidos, Reino Unido y varios gobiernos occidentales reconocieron al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.
La decisión tuvo consecuencias directas sobre los activos venezolanos en el extranjero. El Banco de Inglaterra dejó de aceptar las instrucciones de la directiva del BCV vinculada al Gobierno de Nicolás Maduro y comenzó una compleja batalla judicial para determinar quién tenía autoridad legítima para disponer de las reservas.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo británico. En diciembre de 2021, esa corte determinó que el reconocimiento efectuado por el Gobierno británico a Guaidó debía ser considerado concluyente para efectos judiciales. Sin embargo, la disputa no terminó allí, porque continuaron abiertos interrogantes sobre la validez de los nombramientos efectuados en Venezuela y sobre quién podía impartir instrucciones al Banco de Inglaterra.
En distintas etapas del litigio, el valor de las reservas bloqueadas fue estimado en cerca de US$2.000 millones. El fuerte aumento del precio internacional del oro ha llevado actualmente su valorización a alrededor de US$4.000 millones.
Nueva York como salida al laberinto
El traslado de las reservas a Nueva York permitiría sacar el activo del centro de la controversia jurídica británica y colocarlo bajo una estructura de custodia y supervisión estadounidense.
La fórmula cobra especial importancia porque el Banco de Inglaterra ha mantenido que necesita claridad jurídica antes de ejecutar instrucciones sobre la cuenta venezolana.
Un acuerdo político entre el Gobierno y la oposición podría proporcionar precisamente una vía para destrabar el problema, aunque todavía sería necesario resolver las implicancias jurídicas existentes en Reino Unido antes de completar el movimiento de las reservas.
El oro tendría, además, un valor que va mucho más allá de su dimensión financiera. Durante años se convirtió en uno de los principales símbolos de la pugna internacional por el reconocimiento del poder político en Venezuela.
Venezuela busca recuperar acceso a los mercados
La negociación se produce en medio de una nueva etapa política y económica abierta en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro a comienzos de enero y la llegada de Delcy Rodríguez a la conducción interina del país.
Desde entonces, Caracas ha comenzado un proceso de acercamiento con instituciones financieras internacionales y de reincorporación gradual a distintos espacios multilaterales.
El diálogo político interno también ha retomado protagonismo. Gobierno y oposición volvieron esta semana a negociar materias como la reforma del sistema judicial, la restitución de derechos políticos, las inhabilitaciones de dirigentes opositores y la recuperación de activos venezolanos mantenidos en el extranjero.
Paralelamente, el sector energético y minero venezolano ha comenzado a recibir nuevamente capital estadounidense. Esta semana se anunciaron acuerdos para desarrollar proyectos petroleros y auríferos, entre ellos una inversión estimada en US$1.000 millones para operar una mina de oro en el sur del país.
En el área petrolera también se han producido movimientos relevantes. Washington y Caracas han avanzado en acuerdos que buscan reactivar la producción venezolana y facilitar la llegada de inversiones extranjeras, en un país que mantiene algunas de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.
Un activo estratégico de US$4.000 millones
Para Venezuela, recuperar capacidad financiera sobre las 31 toneladas depositadas en Londres supondría disponer indirectamente de uno de sus activos internacionales más importantes.
Aunque el acuerdo impediría inicialmente convertir los lingotes en efectivo, utilizarlos como garantía podría abrir una vía para captar miles de millones de dólares en financiamiento.
El mecanismo también intentaría responder a una de las principales preocupaciones de la oposición y de Washington: evitar que las reservas sean utilizadas sin supervisión y establecer controles sobre el destino de los recursos obtenidos mediante ellas.
De concretarse, el viaje de los lingotes desde Londres hasta Nueva York tendría así una dimensión que excede ampliamente una operación entre bancos centrales. Después de más de siete años de litigios, reconocimientos diplomáticos enfrentados y bloqueo de activos, el oro venezolano podría convertirse ahora en una de las primeras piezas financieras de la nueva etapa política que atraviesa el país.
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