Tras una extensa investigación liderada por la Fiscalía Local de Coyhaique en conjunto con la Policía de Investigaciones, el Ministerio Público presentó acusación contra ocho imputados por los delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones, en un caso que involucra al senador Miguel Ángel Calisto.
De acuerdo con el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky, la acusación se sustenta en un amplio conjunto de pruebas documentales, testimoniales y periciales, las que —a juicio del ente persecutor— permitirán acreditar los hechos en un eventual juicio oral.
Entre los principales acusados figuran, además del parlamentario, Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo, quienes enfrentan cargos por delitos con penas de crimen, debido al elevado monto defraudado, que supera los 100 millones de pesos, y al carácter reiterado de las conductas investigadas.
Según la Fiscalía, la investigación permitió establecer la existencia de un esquema sistemático de defraudación de recursos públicos basado en la simulación de servicios. En ese contexto, se determinó que Carla Graf no habría realizado asesorías parlamentarias reales para el entonces diputado Calisto, siendo sus contratos un mecanismo para la obtención irregular de fondos fiscales.
El persecutor detalló que los honorarios pagados por el Congreso a Graf Toledo habrían sido posteriormente transferidos, entre otros, al propio Calisto Águila y a Cárcamo Catalán, siendo utilizados para beneficio personal.
“En otras palabras, se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”, sostuvo el fiscal Libedinsky.
El caso avanzará ahora hacia la etapa de juicio oral, donde la Fiscalía buscará acreditar la responsabilidad penal de los acusados.
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