La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, asumirá como fiscal especial la investigación por una denuncia de violación grupal que involucra a siete estudiantes de la prestigiosa Universidad de Cornell, un caso ocurrido en octubre de 2024 y cuya tramitación inicial ha generado fuertes cuestionamientos sobre la actuación de la Policía universitaria y de la Fiscalía del condado de Tompkins.
La decisión fue adoptada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien apartó del caso al fiscal de Tompkins, Matthew Van Houten, tras conocerse nuevos antecedentes sobre la forma en que fue procesada la declaración de la joven, identificada judicialmente como “Jane Doe”.
James tendrá facultades para realizar una nueva investigación, determinar si existen antecedentes suficientes para formular cargos y, eventualmente, presentar el caso ante un gran jurado.
La controversia aumentó después de conocerse que la Policía de Cornell habría entregado a la Fiscalía local una versión resumida de la declaración de la denunciante, omitiendo una de sus afirmaciones más categóricas respecto de lo ocurrido.
La joven había señalado durante una extensa entrevista policial que podía afirmar “con total seguridad” que había sido violada. Sin embargo, esa declaración no habría aparecido en el resumen de seis páginas remitido inicialmente a los fiscales.
Hochul cuestionó públicamente el manejo del procedimiento y sostuvo que las nuevas revelaciones habían afectado su confianza en la capacidad del fiscal local para conducir de manera independiente la investigación.
Una denuncia que se remonta a 2024
Los hechos denunciados habrían ocurrido durante la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 en la residencia de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, donde se encuentra el campus principal de Cornell.
Según la demanda civil presentada por la joven, entonces de 20 años, durante esa noche consumió alcohol y posteriormente fue presionada para consumir ketamina. La denunciante sostiene que, mientras se encontraba bajo los efectos de esas sustancias, fue agredida sexualmente durante varias horas por siete estudiantes.
Las acusaciones forman parte de una demanda civil y aún no han sido acreditadas judicialmente. Hasta ahora no se han anunciado cargos criminales contra los siete involucrados.
Cuatro de los estudiantes reconocieron haber mantenido relaciones sexuales con la joven, pero sostienen que fueron consentidas. Los otros tres niegan haber participado en los hechos denunciados.
La joven acudió posteriormente a la Policía universitaria y entregó un extenso testimonio. Sin embargo, el caso no derivó inicialmente en acusaciones penales.
Van Houten había sostenido que la declaración jurada que recibió su oficina no afirmaba que la estudiante hubiese sido drogada contra su voluntad ni víctima de una violación grupal, y que los antecedentes disponibles describían parte del consumo de drogas y de las relaciones sexuales como voluntarios y consentidos.
La aparición de nuevos documentos, incluida una transcripción de alrededor de 120 páginas de la entrevista realizada a la denunciante, puso en cuestión esa interpretación y terminó provocando la intervención directa del gobierno estatal.
Investigación reabierta y demanda civil
El caso volvió a adquirir relevancia pública en septiembre, cuando la exestudiante presentó una demanda civil contra Cornell, siete antiguos integrantes de Chi Phi y otras partes, acusándolos de no haberla protegido y de responsabilidad en los hechos que denuncia.
La Fiscalía del condado de Tompkins había anunciado posteriormente la reapertura de la investigación criminal y su intención de presentar los antecedentes ante un gran jurado. La intervención de Hochul cambia ahora la conducción del procedimiento, que quedará bajo responsabilidad de la fiscal general del estado.
Cornell ha respaldado que el caso sea examinado nuevamente por las autoridades y ha defendido su actuación interna. La universidad sostiene que realizó una investigación bajo sus procedimientos de protección frente a la discriminación y violencia sexual y que aplicó sanciones.
Dos estudiantes fueron expulsados y otros recibieron suspensiones u otras medidas disciplinarias. La institución también ha rechazado versiones según las cuales algunos involucrados habrían recibido únicamente como castigo la obligación de escribir ensayos.
La fraternidad Chi Phi fue cerrada y permanece apartada del campus.
Cuestionamientos al tratamiento de las denuncias sexuales
El caso ha trascendido la investigación específica y reabierto en Nueva York la discusión sobre los mecanismos utilizados para investigar agresiones sexuales cuando las víctimas se encuentran bajo los efectos del alcohol o drogas y, especialmente, sobre los criterios legales para establecer su capacidad de consentimiento.
También ha puesto bajo escrutinio el procedimiento mediante el cual la Policía de Cornell resumió el testimonio original de la joven antes de remitir los antecedentes a la Fiscalía.
La investigación encabezada ahora por Letitia James deberá determinar no solo si existen elementos suficientes para impulsar una causa penal por los hechos denunciados, sino también esclarecer cómo fueron tratados los antecedentes durante los casi dos años transcurridos desde el episodio ocurrido en la fraternidad.
El caso se suma a una discusión más amplia en Estados Unidos sobre la respuesta de las universidades frente a denuncias de violencia sexual y la relación entre los procedimientos disciplinarios internos de los campus y las investigaciones del sistema penal.
La designación de una fiscal especial constituye un giro significativo: una investigación que inicialmente no produjo cargos penales será revisada ahora desde el nivel estatal, mientras continúa paralelamente la demanda civil presentada por la exestudiante.
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