
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, advirtió sobre el riesgo de penetración del crimen organizado en la cadena minero-portuaria del norte del país, en el contexto de la próxima puesta en marcha del Corredor Bioceánico Capricornio, e hizo un llamado a fortalecer la cooperación entre el Estado y la industria para resguardar su integridad.
La advertencia fue realizada durante su participación en Exponor 2026, el principal evento minero del país, donde expuso en el seminario “Liderazgo estratégico, valor compartido y territorio”. En la instancia, compartió panel con el subsecretario de Minería, Álvaro González, y el director de Codelco, Eduardo Bitrán, entre otras autoridades.
En su intervención, el persecutor destacó el alto potencial de desarrollo que ofrece el corredor para Chile y, en particular, para la Región de Antofagasta. Sin embargo, advirtió que se trata de una infraestructura de “doble uso”, ya que las mismas ventajas logísticas que reducirán tiempos y costos también pueden ser aprovechadas por organizaciones criminales.
Castro Bekios sostuvo que este escenario se ve agravado por recientes cambios en el contexto internacional, que están reconfigurando las rutas y actores del crimen organizado, lo que —sumado al corredor— podría generar una “tormenta perfecta”.
Como ejemplo, mencionó el aumento sostenido en las incautaciones de droga en la región, que alcanzan 40,2 toneladas en lo que va del año —un alza de 266% respecto al mismo periodo de 2025— y 105,8 toneladas desde octubre de 2023, con una tendencia de crecimiento acelerado.
En este contexto, el fiscal identificó diez vectores de riesgo para el país, entre ellos la llegada de organizaciones criminales transnacionales, el tráfico ilícito terrestre y marítimo, la irrupción de drogas sintéticas y la corrupción institucional, todos calificados como de riesgo crítico.
Asimismo, advirtió sobre amenazas específicas para la industria minera, como robos en faenas, uso de empresas fachada, adulteración de mineral, transporte de cargas ilícitas en camiones, tráfico de drogas en contenedores y mezcla de cobre legal con material robado, entre otras prácticas.
A partir de este diagnóstico, el persecutor delineó tres escenarios posibles para el periodo 2026-2028: uno adverso, en el que el corredor se convierta en una “autopista para el delito”; uno intermedio, con contención parcial de los riesgos; y uno favorable, en el que Antofagasta se consolide como un modelo de desarrollo seguro en el Pacífico Sur.
Frente a estos desafíos, el fiscal presentó un conjunto de 24 propuestas agrupadas en cuatro ejes: arquitectura de seguridad, inteligencia financiera, ecosistema minero-portuario y cooperación internacional.
Entre las medidas más urgentes mencionó la creación de un Centro de Inteligencia Portuaria Conjunto, el refuerzo de la vigilancia en pasos fronterizos con cobertura permanente, la conformación de equipos interagenciales para delitos en minería, el aumento de analistas criminales y la implementación de sistemas de trazabilidad y control en la exportación.
Además, planteó iniciativas de corto plazo como la vigilancia de zonas fronterizas vulnerables, reformas regulatorias, uso de tecnología blockchain para la trazabilidad del cobre y la suscripción de acuerdos internacionales en el marco del corredor.
Castro Bekios enfatizó que, aunque estas medidas implican una inversión estimada entre 130 y 190 millones de dólares, podrían generar beneficios netos anuales de entre 1.150 y 1.750 millones de dólares a partir de 2028.
“Estamos ante una oportunidad de crecimiento histórico. La clave será la excelencia preventiva: el Estado debe asegurar el blindaje institucional y el sector privado elevar sus estándares de cumplimiento”, afirmó.
Finalmente, el fiscal subrayó que su análisis no busca cuestionar la viabilidad del corredor bioceánico, sino fortalecer su resiliencia frente a amenazas, asegurando un desarrollo logístico seguro. “La certeza institucional es la mejor inversión”, concluyó.
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