
La crisis política y financiera que sacude a Paraguay sumó este martes un nuevo episodio con la renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, cuestionado por su actuación frente al escándalo de ueno bank y las investigaciones que involucran al destituido expresidente Santiago Peña.
Rolón, quien encabezaba el Ministerio Público desde marzo de 2023, presentó su dimisión mediante una carta dirigida al presidente Pedro Alliana, mientras la Cámara de Diputados tramitaba un juicio político en su contra por presunto mal desempeño de sus funciones.
La salida del funcionario representa un nuevo golpe para las instituciones paraguayas, luego de que la crisis bancaria desembocara en la destitución de Peña, su posterior detención preventiva y la llegada de Alliana a la Presidencia.
Alba Cantero, la nueva fiscal general interina
La abogada Alba Rocío Cantero Vera, con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público paraguayo, fue designada para asumir interinamente la Fiscalía General del Estado a partir del miércoles 18 de noviembre.
Cantero ejerce como fiscal adjunta en materia penal desde 2015 y ha desempeñado funciones en la región del Chaco. Su experiencia y antigüedad dentro de la institución fueron consideradas para encargarle la conducción provisional del organismo.
La magistrada ya había aspirado a dirigir el Ministerio Público en noviembre de 2022, cuando participó en el proceso de selección del fiscal general que finalmente concluyó con el nombramiento de Rolón.
Su designación quedó establecida mediante la Resolución N.º 4665, firmada por Rolón el 17 de noviembre. Además de dirigir provisionalmente la Fiscalía, tendrá a su cargo la administración institucional y la ordenación de gastos.
Cantero manifestó su compromiso con la continuidad de las investigaciones y aseguró que los cambios en la conducción no paralizarán los procedimientos judiciales.
La nueva responsable interina adelantó que se reunirá con los fiscales encargados de las causas relacionadas con ueno bank para conocer el estado de las investigaciones y evaluar las decisiones que correspondan.
Sin embargo, su nombramiento abrió un debate jurídico sobre la facultad de un fiscal general renunciante para designar a su reemplazante. La legislación contempla sustituciones temporales, pero existen discrepancias sobre su aplicación ante una renuncia definitiva.
Cantero reconoció que la duración de su interinato dependerá de las decisiones de los órganos constitucionales y de la aceptación formal de la dimisión de Rolón.
US$926 millones en fondos públicos comprometidos
La crisis de ueno bank adquirió una dimensión especialmente delicada por la exposición de recursos estatales y fondos previsionales.
Según las cifras comunicadas por el Gobierno paraguayo el 16 de noviembre, los depósitos públicos y jubilatorios comprometidos en la entidad alcanzan aproximadamente US$926 millones.
La intervención del banco, anunciada el 3 de noviembre, afectó a una entidad que declaraba contar con cerca de tres millones de clientes.
El problema financiero también dejó bajo investigación las relaciones entre antiguos ejecutivos de la institución, empresarios vinculados a su propiedad y funcionarios del anterior Gobierno.
El Ministerio Público había anunciado el 5 de noviembre la apertura de tres causas penales relacionadas con la crisis, cuya investigación quedó a cargo de un equipo especializado de fiscales.
Una sucesión bajo presión política
La designación definitiva del próximo fiscal general deberá seguir el procedimiento establecido en la Constitución paraguaya.
El Consejo de la Magistratura tendrá que convocar un concurso público y elaborar una terna de candidatos. Posteriormente, el presidente de la República seleccionará a uno de ellos, cuyo nombramiento requerirá el acuerdo del Senado.
Mientras se completa ese proceso, Cantero deberá enfrentar el desafío de garantizar la continuidad de las investigaciones sobre ueno bank, recuperar la confianza en el Ministerio Público y responder a las exigencias de transparencia surgidas tras la caída del Gobierno de Santiago Peña.
La renuncia de Rolón, sumada a la destitución presidencial y la intervención bancaria, evidencia la profundidad de una crisis que ha comprometido a las principales instituciones del Estado paraguayo.
La prioridad inmediata será determinar las responsabilidades penales y políticas, proteger los recursos de los depositantes y esclarecer el destino de los fondos públicos comprometidos.
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