
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta cuestionamientos desde sectores de la izquierda que respaldaron su reelección, luego de que sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos convocaran manifestaciones contra el ajuste fiscal impulsado por su Gobierno.
Las protestas, desarrolladas en Río de Janeiro y otras ciudades brasileñas, expresan el descontento de organizaciones que consideran que el Ejecutivo está priorizando el equilibrio de las cuentas públicas por sobre las demandas sociales que marcaron su campaña electoral.
El paquete económico contempla ajustes presupuestarios que podrían alcanzar los 60.000 millones de reales en 2027, equivalentes aproximadamente a US$11.300 millones, dependiendo del tipo de cambio.
Entre los participantes figuran militantes del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), además de representantes sindicales y movimientos populares.
Yan Monteiro, portavoz del PSTU, sostuvo que las organizaciones de izquierda deben mantener su capacidad de movilización, incluso frente a un Gobierno al que apoyaron electoralmente.
Según el dirigente, la administración de Lula está realizando concesiones al mercado financiero que podrían perjudicar a los trabajadores y debilitar las expectativas de transformación social.
Monteiro también cuestionó que sectores del oficialismo interpreten las críticas al ajuste como un respaldo indirecto a la oposición conservadora.
Un ajuste para equilibrar las cuentas públicas
El programa, denominado Plan Moretti en el texto presentado, combina restricciones al crecimiento del gasto, revisión de beneficios tributarios y modificaciones en las reglas presupuestarias.
Su objetivo declarado es fortalecer las finanzas del Estado y alcanzar un superávit primario equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Entre las medidas planteadas figura reducir del 2,5% al 2% el límite de crecimiento real de determinados gastos federales, además de establecer mecanismos de bloqueo presupuestario y restricciones al aprovechamiento de créditos tributarios por parte de las empresas.
La propuesta también contempla medidas para limitar los llamados «supersalarios» de funcionarios públicos, una práctica cuestionada por permitir remuneraciones que superan los topes establecidos para determinados cargos estatales.
Uno de los aspectos más controvertidos es la eventual exclusión, hasta 2030, de los ingresos extraordinarios procedentes del petróleo y el gas del cálculo utilizado para determinar los recursos mínimos destinados a salud.
Los detractores advierten que esta modificación podría reducir el financiamiento disponible para el sistema sanitario, mientras que la lógica fiscal del proyecto apunta a evitar que ingresos extraordinarios se traduzcan automáticamente en mayores compromisos permanentes de gasto.
El Congreso y las dificultades de Lula
El debate presupuestario se desarrolla en un escenario político complejo para Lula, quien deberá negociar con un Congreso donde las fuerzas conservadoras y de centroderecha mantienen una influencia significativa.
El Senado aprobó el texto base del proyecto el 12 de noviembre, con 45 votos favorables y 31 contrarios. La iniciativa, identificada como PLP 299/2026, debe completar su tramitación legislativa antes de convertirse en ley.
Una parte importante del ajuste provendría de la reducción de beneficios tributarios y del aumento de ingresos, por lo que no corresponde interpretar la totalidad del monto como recortes directos al presupuesto público.
Los movimientos que rechazan el programa consideran que existen alternativas para mejorar las cuentas públicas sin restringir el crecimiento del gasto social.
Entre sus principales demandas figuran mayores impuestos a las grandes fortunas, la revisión de exenciones concedidas a determinadas inversiones y una distribución más progresiva de la carga tributaria.
Monteiro advirtió que el Gobierno podría enfrentar nuevas movilizaciones si continúa privilegiando acuerdos parlamentarios sobre las reivindicaciones de los sectores populares.
El conflicto también refleja las tensiones entre las distintas corrientes que respaldaron a Lula frente al bolsonarismo. Mientras el Ejecutivo defiende la disciplina fiscal como condición para mantener la estabilidad económica y financiar sus programas, sectores de izquierda temen que las restricciones presupuestarias limiten el alcance de sus compromisos sociales.
La discusión adquiere especial relevancia por las promesas de fortalecer programas como Bolsa Família y ampliar las políticas de apoyo educativo.
Para Lula, el desafío será conciliar el cumplimiento de las metas fiscales con las expectativas de sus aliados sociales y políticos, en un escenario donde las negociaciones presupuestarias podrían convertirse en uno de los principales focos de tensión de su nuevo mandato.
La entrada Izquierda brasileña protesta contra ajuste fiscal de Lula se publicó primero en El Periodista.

