El denominado megaproyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico del Gobierno de José Antonio Kast avanzó este martes en la Cámara de Diputadas y Diputados y quedó muy cerca de completar su tramitación en el Congreso.
La Cámara aprobó prácticamente todas las modificaciones realizadas previamente por el Senado. Sin embargo, rechazó una de ellas, por lo que ese punto deberá ser revisado por una comisión mixta integrada por senadores y diputados.
En términos simples, la mayor parte del proyecto ya quedó acordada entre ambas cámaras. Solo falta resolver una diferencia antes de que la iniciativa pueda ser despachada definitivamente y enviada al Presidente de la República para su promulgación.
¿Cuál fue el punto rechazado?
La discrepancia se produjo en torno al aporte adicional que el Estado debería entregar al Fondo Común Municipal.
El Senado había propuesto que el fisco aportara 1.500.000 Unidades Tributarias Mensuales para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones a personas mayores de 65 años.
La Cámara rechazó esa fórmula, por lo que ahora una comisión mixta deberá buscar un texto que consiga respaldo tanto entre diputados como entre senadores.
El resto de las modificaciones fue aprobado mediante 26 votaciones separadas.
¿Qué significa que el proyecto pase a comisión mixta?
Una comisión mixta se forma cuando la Cámara y el Senado aprueban versiones distintas de una misma norma.
Su tarea será proponer una solución exclusivamente para el punto en desacuerdo. Una vez alcanzado un acuerdo, la propuesta deberá volver a ser votada por ambas cámaras.
Esto significa que el proyecto no vuelve a discutirse completamente. La revisión se concentrará en la compensación económica a los municipios.
¿Qué materias incluye el megaproyecto?
La iniciativa reúne numerosas medidas relacionadas con reconstrucción, inversión, impuestos, medioambiente, empleo, capacitación y alivio de deudas.
En materia de reconstrucción, se aprobaron nuevas exigencias para informar sobre los planes destinados a las zonas afectadas por catástrofes.
También se prohibió utilizar recursos del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios en publicidad, difusión institucional o eventos.
Los municipios afectados podrán, además, reducir o suspender temporalmente el cobro de determinados derechos municipales.
Beneficio en las contribuciones
El proyecto contempla una exención del impuesto territorial para personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos.
Debido a que las contribuciones son una fuente importante de financiamiento municipal, el Senado propuso entregar recursos adicionales al Fondo Común Municipal.
Precisamente el monto y la forma de esa compensación son los aspectos que deberán ser resueltos en la comisión mixta.
Invariabilidad tributaria para grandes inversiones
Otro de los puntos relevantes es la creación de períodos de invariabilidad tributaria para determinadas inversiones nacionales o extranjeras.
Esto significa que las condiciones impositivas aplicables a ciertos proyectos no podrán modificarse durante un período determinado.
Los plazos dependerán del monto invertido. La protección será de diez años para inversiones desde US$50 millones y podrá llegar a veinte años cuando superen los US$350 millones.
El objetivo del Gobierno es entregar mayor certeza a los inversionistas. Sin embargo, sectores de oposición sostienen que la medida podría limitar durante varios años la capacidad del Estado para modificar impuestos.
Cambios medioambientales generan críticas
El proyecto también modifica procedimientos relacionados con permisos y evaluaciones medioambientales.
Una de las normas reconoce un eventual derecho a indemnización con cargo al Estado cuando un proyecto pierda judicialmente su resolución de calificación ambiental.
El beneficio tendrá exclusiones y condiciones, pero fue cuestionado por parlamentarios de oposición, quienes consideran que podría debilitar la regulación ambiental y trasladar al Estado los costos de decisiones que favorecen a empresas privadas.
Varios legisladores hicieron reserva de constitucionalidad sobre esta y otras disposiciones. Esto significa que dejaron abierta la posibilidad de recurrir posteriormente al Tribunal Constitucional.
Derecho al olvido financiero
Otro cambio aprobado elimina el registro histórico de determinadas deudas, medida conocida como “derecho al olvido financiero”.
La norma busca impedir que obligaciones antiguas continúen afectando indefinidamente el acceso al crédito de las personas.
La disposición fue cuestionada por parlamentarios oficialistas, quienes también anunciaron reservas de constitucionalidad.
Capacitación, sala cuna y deudas de pymes
El texto establece con mayor claridad qué actividades podrán acceder a la franquicia tributaria de capacitación administrada mediante el sistema Sence.
Quedarán excluidas las actividades recreativas, aquellas que no mejoren directamente la empleabilidad o productividad y los cursos basados únicamente en la autoinstrucción.
También se confirmó la eliminación del articulado sobre sala cuna que había sido incorporado por la Cámara durante el primer trámite.
Además, se entregan facultades a la Tesorería para otorgar facilidades de pago en créditos universitarios y deudas de pequeñas y medianas empresas.
¿Por qué el proyecto genera tanta controversia?
El oficialismo sostiene que la iniciativa permitirá reactivar la economía, fomentar el empleo, facilitar la inversión y entregar herramientas para reconstruir las zonas afectadas por catástrofes.
La oposición, en cambio, afirma que el texto mezcla medidas urgentes de reconstrucción con transformaciones económicas, tributarias y medioambientales de largo alcance.
También advierte que algunas disposiciones beneficiarían principalmente a grandes empresas, reducirían los ingresos futuros del Estado y podrían elevar la deuda pública.
Sectores de centro plantearon que la comisión mixta puede ser una oportunidad para mejorar el único punto que permanece pendiente.
¿Qué ocurrirá ahora?
La Cámara y el Senado deberán designar a los integrantes de la comisión mixta.
Ese grupo propondrá una solución para compensar a los municipios por la exención de contribuciones destinada a los adultos mayores.
Si ambas cámaras aprueban la fórmula acordada, el proyecto quedará completamente despachado por el Congreso y podrá avanzar hacia su promulgación.
En consecuencia, el megaproyecto no fue rechazado ni volvió a su punto inicial. Quedó prácticamente aprobado y solo mantiene pendiente una diferencia específica sobre el financiamiento municipal.
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