El Gobierno de Estados Unidos amplió este jueves su ofensiva de sanciones contra Cuba al incluir a Fidel Ernesto Castro Calis, nieto del expresidente Raúl Castro, en la lista de Nacionales Especialmente Designados, una medida que implica el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y fuertes restricciones para realizar operaciones financieras o comerciales.
Castro Calis, nacido en 1995, fue incorporado al listado de personas sancionadas por su vinculación con Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y una de las figuras de la familia que ya había sido objeto de medidas restrictivas por parte de Washington.
La inclusión en este registro supone que cualquier propiedad o interés económico perteneciente al sancionado que se encuentre en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses queda congelado. También quedan prohibidas, salvo autorización específica, las transacciones en las que participe directa o indirectamente.
La nueva ronda de medidas no se limita a integrantes de la familia Castro. Washington sancionó además a cinco entidades relacionadas con los sectores financiero, energético y minero cubanos, entre ellas el Banco Exterior de Cuba, la Compañía Importadora y Suministradora de Níquel (CEXNI) y la Compañía de Suministro e Importación de la Industria Petrolera (ABAPET).
Presión sobre la dirigencia cubana
Las sanciones forman parte de una escalada iniciada durante 2026 contra altos dirigentes cubanos y sus círculos familiares.
En mayo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que creó nuevas herramientas para sancionar a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno cubano, argumentando que las políticas de La Habana constituyen una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
Posteriormente, Washington incluyó entre los sancionados al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, así como a integrantes de su familia y del entorno de Raúl Castro, entre ellos Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis.
La decisión anunciada ahora extiende esa política a una nueva generación de la familia que gobernó Cuba durante más de seis décadas.
El petróleo, otro frente de presión
El endurecimiento de las sanciones financieras se suma a las medidas adoptadas por Washington para dificultar el abastecimiento energético de Cuba.
El pasado 29 de enero, Trump declaró una emergencia nacional respecto de Cuba y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos provenientes de países que vendan o suministren petróleo directa o indirectamente a la isla.
La disposición define como suministro indirecto aquellos envíos realizados mediante intermediarios o terceros países cuando exista conocimiento de que el combustible terminará siendo destinado a Cuba.
La medida abrió un nuevo frente en el prolongado enfrentamiento económico entre Washington y La Habana, al buscar elevar el costo para los países que mantienen relaciones energéticas con Cuba.
La presión sobre las importaciones de crudo y derivados se produce en momentos en que la isla enfrenta una severa crisis energética, con déficits recurrentes de combustible, cortes de electricidad y dificultades para mantener funcionando industrias, transporte y servicios esenciales.
Una política de endurecimiento
La administración Trump ha situado nuevamente a Cuba entre sus principales objetivos de política exterior en América Latina, combinando sanciones individuales, restricciones financieras y presión comercial sobre terceros países.
La estrategia se apoya en el embargo económico vigente desde comienzos de la década de 1960, pero incorpora instrumentos adicionales destinados a bloquear fuentes de financiamiento y limitar la llegada de energía a la economía cubana.
Con la sanción contra Fidel Ernesto Castro Calis y las nuevas restricciones contra empresas estratégicas, Washington profundiza esa línea y extiende las medidas desde los principales dirigentes políticos hasta familiares, empresas financieras y compañías vinculadas al petróleo y la minería.
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