La decisión, adoptada por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), supone una ampliación de las medidas impulsadas por la Administración de Donald Trump contra la institución con sede en La Haya, Países Bajos.
Las sanciones se producen en medio de las tensiones entre Washington y el tribunal por las investigaciones relacionadas con la actuación militar de Israel en la Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes enfrentan acusaciones por presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario.
La ofensiva estadounidense ya había alcanzado a integrantes de la corte, incluida su presidenta, Tomoko Akane, sancionada en agosto pasado, además de otros jueces y fiscales vinculados a investigaciones que afectan a Israel.
Washington permite operaciones esenciales hasta abril de 2027
Pese a las nuevas restricciones, el Departamento del Tesoro estableció cuatro autorizaciones especiales destinadas a garantizar la continuidad de determinadas actividades del Tribunal Penal Internacional.
Las licencias permitirán realizar transacciones indispensables para su funcionamiento hasta el 7 de abril de 2027, incluyendo los aportes financieros de los Estados miembros, el pago de remuneraciones, seguros médicos y prestaciones sanitarias para funcionarios, contratistas y beneficiarios de subvenciones.
También se autorizan operaciones relacionadas con alquileres, servicios básicos, impuestos, seguros y otros gastos administrativos necesarios para mantener la actividad cotidiana del organismo.
Las excepciones contemplan, además, el pago de pensiones, la contratación de servicios de telecomunicaciones y programas informáticos empresariales.
Asimismo, Washington permitirá financiar prestaciones destinadas a garantizar la salud, seguridad y bienestar de las personas que permanecen bajo custodia del tribunal, junto con los servicios indispensables para el funcionamiento de sus instalaciones de detención.
Estas autorizaciones buscan evitar una interrupción inmediata de las actividades fundamentales de la corte, aunque las sanciones podrían complicar sus relaciones financieras y administrativas internacionales.
Las investigaciones contra Israel, en el centro del conflicto
El enfrentamiento entre Estados Unidos y el TPI se intensificó a raíz de las investigaciones sobre la ofensiva israelí en Gaza, desarrollada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
En noviembre de 2024, el tribunal emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con las operaciones militares israelíes en territorio palestino.
Entre las acusaciones examinadas por la corte figuran la utilización del hambre como método de guerra y ataques contra la población civil.
Israel ha rechazado las imputaciones y cuestionado la competencia del tribunal para investigar sus actuaciones militares. Estados Unidos también ha objetado la jurisdicción de la corte sobre autoridades israelíes.
Washington sostiene que el TPI actúa como una institución supranacional politizada que excede sus atribuciones. La Administración Trump ha llegado a calificarlo de organismo «corrupto», acusándolo de utilizar sus facultades judiciales con motivaciones políticas.
El tribunal, por su parte, ha defendido su independencia judicial y la necesidad de que sus investigaciones puedan desarrollarse sin presiones externas.
Una política de sanciones contra jueces y fiscales
Las medidas anunciadas este viernes forman parte de una estrategia más amplia de Washington para restringir la actuación del Tribunal Penal Internacional.
Durante 2025 y 2026, la Administración Trump extendió las sanciones a distintos funcionarios judiciales vinculados a investigaciones que involucran a Israel y a ciudadanos estadounidenses.
El conflicto tiene antecedentes en el primer mandato de Trump, cuando su Gobierno también impuso restricciones contra funcionarios del TPI por investigaciones relacionadas con posibles crímenes cometidos durante la guerra de Afganistán.
Posteriormente, la Administración de Joe Biden levantó aquellas sanciones, aunque mantuvo sus diferencias con determinadas actuaciones del tribunal.
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al TPI, y no reconoce su jurisdicción general sobre ciudadanos estadounidenses.
Sin embargo, la corte puede ejercer competencias sobre presuntos delitos cometidos en territorios de Estados que han aceptado su jurisdicción, incluso cuando los sospechosos pertenecen a países que no integran el organismo.
Preocupación por la independencia de la justicia internacional
La ampliación de las sanciones estadounidenses abre un nuevo capítulo en el debate sobre la independencia de las instituciones judiciales internacionales y su capacidad para investigar a autoridades de países con influencia política y militar.
El TPI, establecido en 2002, tiene como misión perseguir los crímenes internacionales más graves cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no están dispuestos a investigarlos genuinamente.
Su actuación ha sido especialmente relevante en conflictos como los de Ucrania, Sudán y Medio Oriente.
En marzo de 2023, la corte emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la presunta deportación ilegal de niños ucranianos. Posteriormente, sus investigaciones sobre Gaza situaron también a dirigentes israelíes bajo el escrutinio de la justicia internacional.
La aplicación de sanciones financieras contra el propio tribunal plantea dificultades adicionales para su funcionamiento, especialmente porque muchas operaciones bancarias internacionales dependen de instituciones que mantienen vínculos con el sistema financiero estadounidense.
Aunque las licencias especiales permitirán mantener actividades básicas durante los próximos meses, las restricciones podrían afectar otras operaciones no contempladas en las excepciones.
La decisión también adquiere relevancia en momentos en que Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales han insistido en la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en conflictos armados.
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