Alemania, Francia, Reino Unido e Italia manifestaron este viernes su firme rechazo a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra el Tribunal Penal Internacional (TPI), advirtiendo que estas medidas podrían afectar gravemente el funcionamiento de la institución encargada de investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves.
La declaración conjunta también fue suscrita por Países Bajos, Japón, Canadá y Dinamarca, ocho países miembros del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal con sede en La Haya.
Los gobiernos reafirmaron su respaldo a la independencia, imparcialidad e integridad de la corte y cuestionaron la decisión estadounidense por sus posibles consecuencias sobre el sistema de justicia internacional.
«Como partidarios comprometidos del TPI, lamentamos y estamos totalmente en desacuerdo con el anuncio de sanciones que Estados Unidos impondrá a la corte», señalaron los firmantes.
Los ocho países reconocieron que el tribunal había adoptado medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas restricciones estadounidenses. Sin embargo, advirtieron que esas precauciones podrían resultar insuficientes frente al alcance de las sanciones.
Advierten consecuencias para funcionarios y víctimas
La declaración sostiene que las medidas estadounidenses podrían tener un «impacto significativo» en las operaciones del tribunal, sus funcionarios y sus familias, además de dificultar las investigaciones destinadas a establecer responsabilidades por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión.
El TPI depende de la cooperación internacional para desarrollar investigaciones, ejecutar órdenes de detención y garantizar el funcionamiento de sus mecanismos judiciales.
Las restricciones financieras y operativas pueden complicar esas tareas, particularmente cuando afectan transacciones bancarias, contratación de servicios o desplazamientos internacionales.
Los países firmantes insistieron en que continuarán trabajando conjuntamente para preservar la capacidad de actuación de la corte.
Asimismo, expresaron su disposición a mantener un diálogo constructivo con los Estados que no forman parte del Estatuto de Roma, entre ellos Estados Unidos.
Suiza se suma al rechazo
El Gobierno de Suiza también expresó su oposición a las medidas estadounidenses mediante una declaración independiente.
Las autoridades suizas reafirmaron su respaldo al TPI como institución judicial autónoma y rechazaron cualquier intento de debilitar su independencia.
En particular, manifestaron su oposición a sanciones, amenazas u otras medidas destinadas a impedir que el tribunal cumpla con sus responsabilidades.
La posición suiza amplía el respaldo diplomático a la corte en momentos en que sus investigaciones generan crecientes tensiones con distintos gobiernos.
El conflicto entre Washington y el TPI
Las nuevas sanciones representan otro episodio de la prolongada confrontación entre Estados Unidos y el Tribunal Penal Internacional.
Washington no es miembro del Estatuto de Roma y ha cuestionado reiteradamente la jurisdicción del tribunal sobre ciudadanos estadounidenses y de países que tampoco reconocen su autoridad.
Durante la administración de Donald Trump, las tensiones se han intensificado por las investigaciones relacionadas con Israel y la guerra en Gaza.
En noviembre de 2024, el TPI emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con las operaciones militares israelíes en territorio palestino.
Israel rechazó las acusaciones y cuestionó la competencia del tribunal, mientras Estados Unidos expresó su oposición a las órdenes judiciales.
El conflicto refleja las diferencias entre Washington y varios de sus aliados europeos respecto del alcance de la justicia internacional, particularmente cuando sus investigaciones involucran a autoridades de países aliados.
Un nuevo desafío para la justicia internacional
El enfrentamiento se produce en un escenario marcado por los conflictos armados en Ucrania y Medio Oriente, donde las investigaciones sobre posibles violaciones del derecho internacional humanitario han adquirido especial relevancia.
El TPI también mantiene órdenes de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y otras autoridades vinculadas con presuntos crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania.
Aunque la corte carece de una fuerza policial propia y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar sus decisiones, sus actuaciones tienen importantes consecuencias jurídicas y diplomáticas.
Para los gobiernos que suscribieron la declaración, proteger la independencia del tribunal constituye una condición esencial para evitar que los responsables de los crímenes internacionales más graves queden impunes.
La controversia vuelve a poner de manifiesto una contradicción central del sistema internacional: mientras las principales potencias occidentales defienden la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Ucrania, mantienen profundas diferencias sobre la actuación de la misma justicia internacional en Medio Oriente.
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