La diputada Irací Hassler (PC), salió a defenderse luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declarase admisible la querella por presunto fraude al fisco en su contra, por la fallida compra de la Clínica Sierra Bella cuando era alcaldesa.
En ese escenario, la parlamentaria apuntó contra el actual edil de Santiago, Mario Desbordes, planteando fines políticos y recordando que la causa “fue investigada y sobreseída por la justicia”.
“Resulta lamentable que el Alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, estableciéndose que los hechos investigados no constituían delito”, manifestó mediante su cuenta de X.
Cabe recordar que el 26 de mayo de 2025, el caso fue sobreseído definitivamente por el mismo juzgado, resolución confirmada por la Corte Suprema.
Así, prosiguió con su arremetida contra el alcalde y afirmó que “busca utilizar la justicia para generar un punto político sobre hechos que ya fueron investigados y respecto de los cuales existe una resolución judicial firme. Lo deseable es que el alcalde de Santiago consiga titulares por su gestión y no por inventar denuncias sobre hechos juzgados”.
Querella
La admisibilidad de la querella fue aceptada por el Juzgado durante la jornada de ayer, considerando antecedentes presentados por la administración a cargo de Desbordes.
Entre dichas pruebas presentadas por el abogado Sergio Ignacio Contreras Paredes —en representación de la Municipalidad de Santiago— figura la resolución exenta de la Contraloría General de la República (CGR) que concluyó que Hassler “vulneró gravemente el principio de probidad administrativa al omitir el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz, y que con su actuar comprometió gravemente el interés general y la integridad del patrimonio municipal, en los términos de los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.575”.
“El perjuicio al patrimonio de la I. Municipalidad de Santiago derivado de los hechos denunciados es concreto, actual, cuantificable y creciente. No depende de la resolución del debate sobre el precio de compraventa —que permanece, según se dijo, sub judice en sede civil— ni se agota en él”, argumentó la querella.
La querella presentada acusa que la administración de Hassler habría comprometido recursos públicos de salud de manera desleal. Según el documento, se acreditó que el decreto de pago N°187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N° 810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal.
“El cuadro resultante es el siguiente: la Municipalidad de Santiago es hoy propietaria registral de un inmueble que adquirió mediante un proceso administrativo declarado ilegal por la Contraloría, de escueto valor comercial comparativo y menor aún utilidad práctica; debe pagar por él una suma que ha crecido a más de $9.300.000.000 por efecto de intereses; no puede pagar esa suma sin comprometer gravemente su funcionamiento y su capacidad para atender las necesidades de la comuna; y tiene bloqueados $2.475.862.002 de fondos de salud que no puede liberar ni destinar a la atención primaria de los habitantes de la comuna”, expone la querella.
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