La decisión suspende los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el mandatario había derogado la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras, vigente desde 2011.
El fallo fue adoptado por los magistrados Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los jueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados para completar la integración del tribunal. El magistrado Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.
La resolución tiene carácter cautelar y permanecerá vigente hasta que el Juzgado Federal de Bariloche examine la legitimación de los demandantes y se pronuncie sobre la solicitud de protección judicial presentada en el expediente.
De esta manera, el máximo tribunal revirtió provisionalmente los efectos de su propia decisión de la semana anterior, que había dejado sin efecto una sentencia contraria a la derogación de la normativa.
Qué establece la Ley de Tierras
La legislación argentina, aprobada en diciembre de 2011, establece restricciones destinadas a proteger la propiedad y el control nacional sobre los terrenos rurales.
Entre sus principales disposiciones figura un límite del 15% de tierras rurales que pueden estar bajo titularidad o posesión extranjera, tanto a escala nacional como provincial y municipal.
Además, ninguna nacionalidad extranjera puede concentrar más del 30% de ese porcentaje permitido.
La normativa también establece que un mismo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo agrícola, una de las regiones de mayor productividad del país, o su superficie equivalente en otras zonas.
Asimismo, contempla restricciones especiales para la adquisición de terrenos que contienen o limitan con grandes cuerpos de agua permanentes y para determinadas propiedades ubicadas en zonas de seguridad fronteriza.
Estas disposiciones buscan evitar la concentración de grandes extensiones de territorio en manos extranjeras y preservar el control sobre recursos naturales considerados estratégicos.
El conflicto judicial que obligó a intervenir al Supremo
La controversia comenzó a fines de diciembre de 2023, cuando la Asociación Civil Árbol de Pie y otros demandantes presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Bariloche.
Los recurrentes solicitaron declarar inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, argumentando que su eliminación podía comprometer el derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado.
En particular, advirtieron que la liberalización de la adquisición de terrenos rurales podía afectar la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de los ecosistemas y la protección de la biodiversidad.
El reclamo también involucró a comunidades indígenas y quedó relacionado con otro proceso judicial impulsado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, que cuestionaba la derogación por sus implicancias para la soberanía nacional.
La Corte consideró necesario adoptar una medida provisional para garantizar la protección judicial efectiva y evitar posibles daños ambientales irreparables mientras se resuelve la controversia.
Un nuevo revés para la agenda económica de Milei
La derogación de la Ley de Tierras formaba parte del amplio programa de desregulación económica presentado por Javier Milei en diciembre de 2023.
El DNU 70/2023 introdujo modificaciones en numerosos ámbitos de la economía argentina, con el objetivo declarado de reducir la intervención estatal, flexibilizar regulaciones y facilitar la inversión privada.
En el caso del mercado inmobiliario rural, la eliminación de los límites a la propiedad extranjera buscaba ampliar las posibilidades de inversión y compraventa de terrenos.
Sin embargo, la iniciativa provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y sectores políticos que advirtieron sobre los riesgos de una mayor concentración territorial y la eventual pérdida de control sobre recursos estratégicos.
El conflicto adquirió especial relevancia en regiones como la Patagonia, donde la propiedad de grandes extensiones de terreno por parte de inversionistas extranjeros ha sido motivo de controversias políticas, ambientales y territoriales durante décadas.
La discusión también se relaciona con la explotación de recursos hídricos, la actividad forestal, la producción agropecuaria y el acceso a zonas de alto valor ecológico.
La presión política y el futuro del decreto
La intervención del máximo tribunal se produjo después de las críticas generadas por su resolución anterior, que había revocado, por razones procesales, una sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras.
Aquella decisión abrió un nuevo enfrentamiento político y provocó cuestionamientos sobre sus posibles consecuencias para la protección del territorio argentino.
Sectores de la oposición incluso plantearon la posibilidad de impulsar en el Congreso medidas contra el conjunto del DNU 70/2023, lo que podría afectar otras reformas promovidas por el Ejecutivo.
En ese contexto, la nueva resolución judicial introduce una salida provisional que restablece las restricciones sobre la propiedad rural extranjera sin invalidar el resto del decreto presidencial.
Aunque representa un obstáculo para la política de desregulación de Milei, el fallo no constituye una declaración definitiva de inconstitucionalidad.
La resolución final dependerá del avance de los procedimientos judiciales y de la evaluación de los argumentos constitucionales y ambientales presentados por los demandantes.
Por ahora, Argentina vuelve a aplicar los límites establecidos en 2011, mientras continúa el debate sobre la inversión extranjera, la soberanía territorial y la protección de sus recursos naturales.
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