La Contraloría General de la República y el Servicio de Impuestos Internos (SII) ampliaron su convenio de intercambio de información, incorporando nuevas bases de datos y herramientas que permitirán fortalecer la fiscalización de organismos públicos, funcionarios y contribuyentes. La medida fue aprobada mediante la Resolución Exenta N°71 del SII, fechada el 3 de junio de 2026.
El acuerdo, suscrito por la contralora general Dorothy Pérez y la directora subrogante del SII, Carolina Saravia Morales, modifica el convenio vigente desde 2021 y amplía significativamente el acceso de la Contraloría a información tributaria y patrimonial administrada por el organismo recaudador.
Entre los antecedentes que podrán ser consultados se encuentran las direcciones registradas de los contribuyentes, su clasificación como persona natural o jurídica, la participación en sociedades, la identificación de socios y representantes ante la administración tributaria, así como datos relativos a actividades económicas declaradas.
Asimismo, el convenio contempla acceso a información sobre anotaciones tributarias, estados de facturas, timbrajes de documentos, términos de giro, últimas declaraciones de IVA y renta, movimientos tributarios, tramos de ingresos y tamaño de ventas de los contribuyentes.
Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de antecedentes vinculados a bienes raíces. La Contraloría podrá acceder a información de avalúos fiscales, características de propiedades, ubicación de inmuebles, superficies, exenciones tributarias y datos de inmuebles asociados a contribuyentes específicos.
El documento señala que ambas instituciones buscan optimizar la cooperación interinstitucional para fortalecer sus capacidades fiscalizadoras, mejorar la eficiencia de los controles y aumentar el impacto de las acciones de supervisión que desarrollan dentro de sus respectivas competencias legales.
La ampliación del convenio se enmarca en el principio de coordinación entre organismos públicos y en los esfuerzos por modernizar los mecanismos de control del Estado, permitiendo una mayor interoperabilidad de sistemas y acceso oportuno a información relevante para las investigaciones y auditorías que realiza la Contraloría.
Con esta actualización, la Contraloría dispondrá de una de las herramientas de intercambio de información más amplias existentes entre organismos públicos, facilitando la detección de inconsistencias patrimoniales, conflictos de interés, eventuales irregularidades tributarias y situaciones que puedan afectar la probidad en la administración pública.
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