Una investigación de SíntesisChile.cl reveló una controversia inédita en el proceso de licitación para la implementación de un nuevo sistema de transporte público eléctrico en Villarrica, luego que la Contraloría General de la República rechazara tomar razón del decreto que adjudicaba el contrato y ordenara revisar la exclusión de una de las empresas participantes.
La decisión afecta la licitación impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para la incorporación de 51 buses 100% eléctricos en la comuna de Villarrica, proyecto considerado estratégico para la modernización del transporte público en La Araucanía.
Según la investigación, la Contraloría representó el Decreto N.º 105 de 2026 del ministerio y ordenó retrotraer parte del proceso para reconsiderar la oferta presentada por la Sociedad de Transporte Centenario Limitada, empresa que había sido descalificada por la comisión evaluadora debido a inconsistencias en su propuesta económica.
El informe detalla que la compañía presentó dos valores distintos para el pago mensual por la provisión de la flota: 2.637 UF en un documento y 2.652 UF en otro. La diferencia, equivalente a 15 UF mensuales, fue considerada por el Ministerio de Transportes como una inconsistencia que impedía determinar con certeza cuál era la oferta definitiva.
Sin embargo, la Contraloría estimó que la discrepancia no constituía un impedimento suficiente para excluir a la empresa y ordenó que se considerara válida la oferta más baja, correspondiente a 2.637 UF, permitiendo así su reincorporación al proceso licitatorio.
La decisión ha generado cuestionamientos debido a que otro oferente, Transportes Jorge Alarcón Jara E.I.R.L., también fue excluido por discrepancias detectadas en su propuesta económica, sin que la Contraloría formulara observaciones similares respecto de ese caso.
De acuerdo con la publicación de SíntesisChile.cl, especialistas consultados consideran que la diferencia de criterios podría abrir un debate sobre la aplicación del principio de igualdad entre los participantes de licitaciones públicas y sobre el alcance de las facultades de la Administración para interpretar ofertas económicas una vez abiertas.
La investigación también menciona versiones surgidas en el sector respecto de eventuales gestiones de terceros vinculados al proceso, aunque no presenta antecedentes que acrediten irregularidades ni influencias indebidas en la resolución adoptada por el organismo fiscalizador.
Consultada por el medio, la Contraloría indicó que cualquier requerimiento relacionado con la tramitación del caso debe realizarse mediante los mecanismos establecidos en la Ley de Transparencia. Asimismo, precisó que el pronunciamiento fue elaborado por el Comité de Transportes, Energía y Telecomunicaciones de la División de Infraestructura y Regulación.
Otro elemento destacado por la investigación es que Transportes Centenario registra antecedentes administrativos previos, incluyendo una sanción aplicada en 2023 relacionada con aumentos unilaterales de tarifas en servicios de transporte.
El caso ahora queda en manos del Ministerio de Transportes, encabezado por Louis de Grange, que deberá determinar cómo continuará el proceso licitatorio tras la decisión de la Contraloría. Entre las alternativas se encuentran adecuar la adjudicación a las observaciones formuladas o evaluar un nuevo procedimiento para la contratación del servicio.
La situación ha reabierto el debate sobre la certeza jurídica, la igualdad de condiciones para los oferentes y los criterios utilizados en las licitaciones públicas de alto impacto económico, especialmente en proyectos vinculados a la expansión de la electromovilidad en regiones.
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