Un nuevo flanco se abrió para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de que la Contraloría General de la República confirmara el inicio de un proceso de fiscalización a la cartera por las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Según reveló Radio Bío Bío, el organismo se encuentra en dependencias del Ministerio de Justicia desde la semana pasada, a raíz de denuncias presentadas por parlamentarios. Entre los antecedentes figura un oficio fiscalizador del diputado Héctor Ulloa (PPD), al que se sumó otra presentación ingresada por la oposición durante la jornada del martes.
En su requerimiento, Ulloa solicitó revisar la legalidad de las rebajas de condena concedidas desde el 11 de marzo, tanto a sentenciados por delitos sexuales contra menores como por secuestro calificado y tortura. Para ello, pidió recopilar los decretos y sus antecedentes, además de auditar los procedimientos utilizados por el ministerio para verificar el cumplimiento de los requisitos.
El diputado también solicitó iniciar los procedimientos necesarios para invalidar los beneficios, en caso de corresponder, y determinar eventuales responsabilidades administrativas si se detectan irregularidades.
Solicitud de la Defensoría de la Niñez
En paralelo, la Contraloría solicitó un informe al Ministerio de Justicia por una presentación parlamentaria relacionada con una eventual falta de respuesta de la cartera a un requerimiento de la Defensoría de la Niñez.
En concreto, el organismo envió un oficio el 22 de octubre solicitando información sobre personas condenadas por delitos sexuales contra menores que solicitaron u obtuvieron rebajas de condena entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de octubre de 2026. También requirió los criterios y protocolos utilizados por el ministerio para considerar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.
Según la presentación parlamentaria, el plazo de cinco días para responder venció el 29 de octubre, sin que la cartera hubiera entregado los antecedentes solicitados.
Ante esa situación, las diputadas y diputados Andrea Parra, Daniela Serrano, Raúl Leiva, Emilia Schneider, Luis Malla y Jorge Díaz presentaron un requerimiento ante Contraloría el 3 de noviembre. En él solicitaron que se exija al ministerio responder íntegramente el oficio de la Defensoría y entregar copia de los decretos que concedieron 56 rebajas de condena.
Además, pidieron instruir un sumario administrativo —o requerir que la propia cartera lo inicie— para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios y jefaturas por la demora. También solicitaron que los antecedentes sean remitidos a la Cámara, resguardando la identidad de las víctimas.
Consultada por esta presentación, la Contraloría confirmó que “se está requiriendo informe a ese ministerio” respecto de la posible falta de respuesta a la Defensoría de la Niñez.
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