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La Contraloría General de la República detectó diversas irregularidades en la administración de liceos que la Universidad de Santiago de Chile (Usach) gestiona por delegación del Ministerio de Educación (Mineduc), según concluye el Informe Final de Auditoría N° 807 de 2025.
La fiscalización abarcó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, y tuvo como objetivo verificar la existencia de mecanismos de control, la correcta ejecución de los convenios, el proceso de rendición de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la administración de los establecimientos educacionales.
Entre los recintos revisados se encuentran el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda.
El informe identificó irregularidades en el uso de recursos, entre ellas el pago de asignaciones y bonos sin respaldo por $165.802.665, gastos no vinculados al funcionamiento de los liceos por $103.783.058, bienes no habidos por $5.555.932 y la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento de sus funciones, por $18.863.245.
A raíz de estos hallazgos, la Contraloría formulará un reparo por un total de $327.700.415, conforme a la ley N° 10.336, sin perjuicio de otras acciones que puedan derivarse. Asimismo, instruyó que la universidad deberá iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan.
El organismo también detectó la ausencia de mecanismos formales para prevenir conflictos de interés en la gestión de los liceos. En ese contexto, se constató la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con lazos familiares directos, situaciones que contravienen el principio de probidad administrativa.
Por ello, la Usach deberá implementar herramientas de control que aseguren el cumplimiento del deber de abstención y abrir procesos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades.
Otro de los hallazgos relevantes apunta al Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez, el cual imparte desde 2016 la especialidad Técnico-Profesional de Administración sin contar con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Educación Metropolitana, requisito exigido por la normativa vigente. La universidad deberá informar las gestiones para regularizar esta situación.
Asimismo, la Contraloría observó una disminución en la cantidad de cursos, especialidades y matrícula en diversos establecimientos administrados por la Usach respecto de lo establecido en los convenios con el Mineduc, sin que exista respaldo que acredite autorización para dichos cambios.
Finalmente, el organismo instruyó a la casa de estudios implementar medidas correctivas y responder a las observaciones formuladas, mientras continuará monitoreando el cumplimiento de las acciones comprometidas dentro de los plazos establecidos.
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