El Congreso de Perú aprobó una controvertida reforma legal que fortalece la jurisdicción militar y policial, estableciendo nuevas restricciones para que delitos como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual sean considerados crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa fue ratificada en una segunda votación con 52 votos a favor, 43 en contra y cinco abstenciones. La norma modifica el Código Penal Militar Policial y también introduce cambios en el Nuevo Código Procesal Penal.
Entre sus principales disposiciones, la ley establece que los delitos graves cometidos por militares o policías solo podrán ser calificados como crímenes de lesa humanidad cuando se demuestre que formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, un criterio que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La reforma también amplía la competencia de la justicia militar, excluyendo de la jurisdicción ordinaria determinados delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones.
La aprobación de la norma se produce mientras continúa el escrutinio de la segunda vuelta presidencial peruana. Según los resultados preliminares, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, mantiene una ventaja cercana a los 40.000 votos sobre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
El proyecto fue promovido por parlamentarios de Fuerza Popular y respaldado por sectores que sostienen que cientos de militares procesados por hechos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori requieren mayores garantías jurídicas frente a actuaciones vinculadas al conflicto interno que vivió el país durante las décadas de 1980 y 1990.
Sin embargo, la iniciativa ha recibido críticas de organismos nacionales e internacionales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido previamente sobre los riesgos que podría implicar la reforma para el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos.
Asimismo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) manifestó su preocupación por la norma, argumentando que la justicia militar fue utilizada en el pasado para archivar investigaciones por torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que podría dificultar el acceso a la verdad y la reparación para las víctimas.
La nueva legislación deberá ahora ser promulgada para su entrada en vigor, en medio de un intenso debate político y jurídico sobre sus eventuales efectos en la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos fundamentales en Perú.
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